El avance del proyecto que elimina las multas por transitar sin TAG en las autopistas concesionadas reabrió el debate sobre la carga económica que enfrentan usuarios de regiones, especialmente en Rancagua y la Región de O’Higgins, donde cientos de conductores deben ingresar a Santiago por motivos médicos, laborales o educacionales.
Si bien la adquisición de los dispositivos elimina la carga de infracciones y añade la eficiencia del sistema free flow (cobro electrónico de peajes sin barreras, sin casetas y sin detención del vehículo), esto no se percibe como una necesidad cotidiana y muchos temen quedar amarrados a un contrato, cargos automáticos o problemas con la cuenta bancaria.
Así, tras la eliminación el 1 de julio de 2025 del Pase Diario Único Interoperable que permitía el pago anticipado del uso de las vías concesionadas al ingresar a la Región Metropolitana, su reemplazo por medio del Pago Tardío de Transacciones (PTT), sistema automático que cobra cada pasada de pórtico como una “transacción sin dispositivo”, significó perder una herramienta predecible de planificación económica, por lo que cada ingreso a Santiago sin TAG puede derivar en cargos elevados y acumulativos.
De acuerdo al nuevo sistema, como cada autopista administra de manera independiente el PTT, los usuarios que no cuenten con TAG deben revisar sus tránsitos y regularizarlos entre el día 11 y el día 30 posteriores al uso de la autopista, a través del sitio habilitado para este fin (http://www.pasastesintag.cl/).
Al no realizar el pago dentro de dicho plazo, se activa la posibilidad de que se aplique el artículo 114 de la Ley de Tránsito, con cargos significativamente más altos que la tarifa normal, ya que se cobra al usuario el total de los pórticos bajos los que se pasó en un día, multiplicando por un factor de 2 (factor x2), lo que en la práctica puede más que duplicar el valor que habría pagado con TAG (valor de pórtico1+pórtico+pórtico3, etc. multiplicado por 2). Adicionalmente, cuando no se paga, el monto se incorpora a registros de infracciones y abre la puerta a cobros acumulativos y judiciales.
De acuerdo con la alta carga económica de las infracciones, el diputado Jaime Mulet impulsó en octubre de 2023 una reforma para suprimir la multa establecida en el artículo 114 de la Ley de Tránsito, señalando que la sanción es desproporcionada, duplicativa y, que afecta especialmente a usuarios que dependen del ingreso esporádico a la capital.
En declaraciones recientes, el parlamentario ha sido claro al señalar que «no se eliminan los TAG; se elimina la multa», especificando que no quiere terminar con el sistema de cobro, sino solo eliminar la penalización económica excesiva que castiga a quienes no tienen TAG (factor x2), lo cual favorecería especialmente a quienes lo usan esporádicamente.
Desde el Ejecutivo han manifestado sus reparos, argumentando que la eliminación de multas podría afectar el principio de pago por uso y obligar a revisar la operación del sistema de pórticos.
En tanto, la industria concesionaria advierte que la reforma al TAG, al eliminar la multa por no portar el dispositivo, debilita el modelo de financiamiento de las autopistas ya que sin ese incentivo surgirían consecuencias como el aumento de la evasión, reducción de la recaudación, disminución de la inversión, e incluso el retorno de las casetas manuales, con el perjuicio de tiempos de espera y menor fluidez vial.
En definitiva, el proyecto volverá a la Comisión de Obras Públicas de la cámara baja, donde continuará el debate y se presentarán indicaciones antes de continuar con su tramitación legislativa.
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