La comunidad estudiantil de la Universidad de O´Higgins presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, en representación de quienes se ven afectados por la resolución exenta número 752 del 19 de junio de 2025, que impone un cobro de aranceles de titulación y egreso con efecto retroactivo, incluso a estudiantes que ingresaron antes de la publicación de la medida.
Según explicó Benjamín Arenas, vocero y presidente del Centro de Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica, esta acción judicial busca frenar lo que consideran una medida arbitraria e ilegal, que vulnera derechos constitucionales como la igualdad ante la ley, la propiedad y el debido proceso. “Se nos ha negado el desglose de los costos asociados a este cobro, lo que impide ejercer nuestro derecho a la transparencia dentro de una institución pública”, señaló Arenas.
El recurso de protección también pretende que la universidad entregue el contenido del acta del Consejo Universitario del 3 de diciembre, donde, según los estudiantes, se discutieron y definieron los fundamentos del cobro, documento que actualmente no se encuentra disponible para la comunidad universitaria.
Arenas enfatizó que esta medida judicial no sólo busca la suspensión del cobro, sino también defender el carácter público y transparente de la universidad. “Defender nuestros derechos es también defender la educación pública, democrática y de calidad”, dijo.
Respecto a la postura de la universidad, Arenas indicó que la rectora no ha participado en las mesas de negociación, negando en tres ocasiones la entrega del desglose de montos y del acta solicitada, lo que ha generado descontento entre los estudiantes.
El líder estudiantil señaló además que otros puntos del petitorio, como la seguridad dentro del campus, siguen abiertos a negociación. Los estudiantes han solicitado medidas como torniquetes y mayor control de acceso para prevenir robos y acosos, pero la administración ha rechazado algunas de estas solicitudes argumentando que no hay datos suficientes para justificar las medidas.
Sobre la continuidad de la movilización, Arenas indicó que la decisión depende del pleno estudiantil, aunque la presentación del recurso de protección forma parte de la presión que los estudiantes consideran necesaria para que la universidad entregue la documentación requerida y responda a sus demandas.
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