Por Alejandro León
Ayer lunes fue publicada en el Diario Oficial la ley 21.770 o Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), más conocida como ley de permisología. El hito marca un giro en la forma en que el país enfrentará la tramitación de autorizaciones para diversas iniciativas y proyectos de inversión. El objetivo es compartido de manera más o menos transversal: reducir la burocracia y acortar plazos que, hasta ahora, han retrasado la materialización de propuestas y emprendimientos clave para el desarrollo económico y la generación de empleo.
En el plano regional, O’Higgins es un terreno especialmente fértil para la implementación de la ley, donde sólo el Plan Nacional de Infraestructura Pública contempla 1.290 proyectos en la región con una inversión de 9,68 billones de pesos hacia el año 2055.
“Una de las condiciones básicas de esta ley es permitir la inversión, tanto a nivel nacional como regional. La idea de esta ley marco es establecer facilidades de acceso”, explicó Carlos González Martínez, jefe de la carrera Técnico en Administración de Recursos Humanos en el CFT Santo Tomás, sede Rancagua.
El académico explica que la nueva normativa persigue solucionar la excesiva burocracia en la entrega de permisos, a su juicio un problema histórico del país, advirtiendo que este escenario ha frenado proyectos durante años, restando competitividad frente a países vecinos como Perú.
En términos simples, esta nueva legislación establece la posibilidad de tramitar permisos en paralelo y a través de una ventanilla única digital (plataforma SUPER) que funcionará como único punto de ingreso y trazabilidad de las solicitudes, lo que se espera agilice significativamente los procesos. “Se estima, empíricamente, que estamos hablando de un ahorro desde 30% a un 70%”, precisó el especialista, aclarando que se podrán tramitar permisos de manera simultánea, sin necesidad de esperar que termine uno para empezar otro.
Respecto a los permisos de bajo riesgo ambiental o que no afecten la seguridad pública, se diseñaron las “Técnicas Habilitantes Alternativas” (THA), que funcionarían con declaraciones juradas o avisos respecto a los alcances de los proyectos, pudiendo ser fiscalizados de manera posterior con severas sanciones en caso de desvíos a los estándares regulatorios. En todo caso, este punto pone un inmediato énfasis sobre las capacidades de fiscalización del estado.
El impacto en el mercado laboral también se observa con interés. Para González, esto refuerza el sentido de la nueva normativa: “Soy un convencido que el crecimiento de un país se mide por su capacidad de empleo y por su capacidad de producción”.
En este punto, ley abre un amplio escenario de expectativas para la inversión y el trabajo, aunque persisten desafíos en materia ambiental y patrimonial, identificados como posibles puntos de fricción en su aplicación. Sea como sea, la nueva legislación marca un nuevo comienzo, en que el viejo y disperso sistema burocrático se abre a uno más coordinado y digital, de frente al dinamismo y eficiencia que necesita el país en pleno siglo 21.
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