En mayo del año 2024, el Ministerio Público le notificó a Jorge Mena, fiscal Antidrogas de Rancagua, que era suspendido de sus funciones y se daba comienzo a un sumario en su contra, debido que la entidad había recibido denuncias “anónimas” que señalaban que gestionaba “negociaciones” y “acuerdos” con abogados de imputados por narcotráfico, que habría terminado en ocasiones en “salidas abreviadas”, convenientes judicialmente.
“Mi primera disposición fue de colaboración a todo, lo que en ese tiempo, se requiriera de información de parte mía”, recuerda Jorge Mena, en entrevista exclusiva con El Tipógrafo.
Si bien, asume que fue “inesperado” en una primera instancia estaba “tranquilo”. Lo que fue cambiando con el pasar de los meses, ya que “los hechos se van de alguna manera saliendo de cauces normales (…) cuando empiezan a hablar de temas de falta de la probidad”.
“No solamente me produce una extrañeza de que se estén hablando de esos temas, sino que también ya empieza a haber una preocupación de qué piso estaba tomando este caso, y ahí es cuando definitivamente ya empiezo a tomar asesoría legal, empiezo a recopilar los antecedentes para demostrar que eso no era así», señala.
Apuntando que, «se trata de hacer una vinculación con abogados particulares y casi una vinculación personal o comercial, de alguna manera señalada, con abogados particulares y yo no tenía ninguna relación con los abogados particulares, no hay ningún antecedente de eso».
“Y eso ha quedado relativamente demostrado durante la tramitación tanto del sumario como del proceso penal, no hay ninguna vinculación, y eso es la base, de alguna manera, de la imputación que realiza la Fiscalía y que realiza esta denuncia o fuente anónima, y no sabemos quién es, y resulta que en base a eso se arma o se trata de establecer una responsabilidad”.
Tras un año y un mes de sumario administrativo de parte del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que Jorge Mena era destituido.
Tras este fallo Mena reitera que, “no fueron ponderadas nuestras pruebas, el fiscal sumariante era juez y parte en este proceso, y en esta circunstancia era difícil lograr que se convenciera de algo que estaba convencido, al parecer, desde un principio”.
Detalla que durante el proceso junto con su defensa, “se presentaron pruebas, antecedentes, testigos, para desvirtuar lo que se ha señalado, pero el proceso administrativo igual terminó con una destitución, a nuestro juicio injusta”.
De manera paralela al sumario, continuó el caso a nivel penal, en donde “desde un primer momento mantuvimos una defensa activa, ya sea pidiendo cautela de garantía, aportando muchos antecedentes, prestando declaraciones para desvirtuar los antecedentes. Hasta que en el mes de junio de este año logramos un sobreseimiento parcial en el tribunal”.
Tanto en el sumario como en lo penal, los potenciales delitos que se investigan son cohecho, lavado de activos, y obstrucción a la investigación.
“No se me ha comunicado algún tipo de cargo en mi contra”, comienza explicando, para agregar que, “es lo que se llama una causa que está en una investigación desformalizada. No existe una formalización de la investigación”.
En esta línea, precisa que el pasado mes de julio, “logramos que el Ministerio Público dijera lo que está investigando por estos hechos. Y en el sobreseimiento se logró determinar que existían delitos que se estaban investigando por el cohecho, del que no hay ningún antecedente. Por lavado de activos, tampoco hay ningún antecedente, y por obstrucción a la investigación, son en total cuatro casos”.
De esos cuatro casos, “se logra el sobreseimiento de dos, porque no eran delitos. Y de los dos casos que quedan, no se da el sobreseimiento porque la Fiscalía señala que necesita agotar la investigación para descartarlo. Y que faltaban algunos antecedentes”.
La Fiscalía apela a la Corte de Apelaciones que confirma el fallo, por lo que recurren con un recurso de queja a la Corte Suprema que “la semana pasada, el día jueves, decidió que esos hechos no eran delitos”.
De ser sobreseído definitivamente o absuelto en la causa, y siguiendo el reglamento del Ministerio Público, Jorge Mena tendría que ser restituido. “Yo siempre he sostenido mi inocencia en todos los hechos por los cuales tanto administrativa o penalmente, que son idénticos, se han intentado reprochar”.
“A mi juicio lo justo es que se sepa la verdad, porque mi imagen personal y profesional ha sido muy deteriorada. Y eso lo ha sufrido principalmente mi familia”, afirma. Y añade: “Se tiene que limpiar con la verdad, a través de estos sobreseimientos que se van dando cuenta de que no hay delito, de que no hay irregularidad, de que no hay algo que reprochar».
“Y eso implica, limpiar el nombre de una persona injustamente acusada, injustamente sancionada”, sentencia.
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