Desde el 10 de abril del 2024, que fue determinada por el tribunal la prisión preventiva para Juan Ramón Godoy -en ese momento aún alcalde de Rancagua- el proceso judicial en su contra por diversos delitos asociados a corrupción, se ha mantenido.
Uno de los capítulos finales de esta historia judicial que impactó a la región comenzó esta semana. Se trata de la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual tanto la fiscalía –y las otras entidades querellantes- como la defensa presentan pruebas, que son admitidas o no por el tribunal, de cara al juicio –sin fecha aún-.
El fiscal de Alta Complejidad O’Higgins, Nicolás Núñez, sostuvo que, “estamos pidiendo penas bastante altas, que son penas efectivas, superan con creces los quince años y un día. Cada uno de los delitos en general se persigue por diez años y un día, por los delitos de cohechos”.
Juan Ramón Godoy, de ser consideradas las penas acumulativas, arriesga incluso 68 años de cárcel.
La audiencia se inició con una ‘incidencia’ de parte de la defensa del exalcalde, solicitando a la magistrada que se suspendiera. “Existen declaraciones de testigos cuyos registros no constan en la carpeta de investigación. Entendíamos que eso es un derecho de la defensa para poder contrastarlo luego en el juicio oral”, señala el abogado defensor, Hugo Zamorano.
Quien detalla particularmente una diligencia de, “entrada y registro donde la policía procedió a interrogarlo (a Godoy) sin ningún tipo de autorización y sin respetar derechos concretos que establece el Código Procesal Penal en favor de toda persona, que es estar asistido en todo momento por un abogado defensor”.
“Esa situación no se le respetó a nuestro representado y nosotros estamos por considerarla nula esa diligencia”, manifiesta.
Respecto a la misma, el fiscal Núñez apunta que, “en esa diligencia, lo primero que se hace es la lectura de los derechos del imputado, constan las actas, y evidentemente cuando la policía encuentra evidencia que da cuenta de dinero en efectivo, hay que consultarle al imputado el origen de esos dineros para determinar si hay que incautarlo o no”.
El persecutor, precisa que “yo dirigí esa diligencia y estoy al tanto de todo lo que sucedió. El propio imputado da declaraciones públicas en la prensa, por lo tanto él no quería ejercer su derecho a guardar silencio si es que aparece en un canal de televisión dando excusas de por qué tenía este dinero que nosotros consideramos que es de origen ilícito”.
Este jueves finalizó la audiencia.
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