Una nueva alerta encendió la Contraloría General de la República tras revelar que 13.286 funcionarios públicos acudieron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El dato fue dado a conocer en el Consolidado de Información Circularizada N°15 (CIC), elaborado a partir de un cruce de información entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
De los casos identificados, 1.486 funcionarios ya figuraban en un informe anterior por haber viajado fuera del país durante su periodo de reposo. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos, siendo la región de O’Higgins la principal con 3.376 ingresos (23%), seguida por Biobío y Valparaíso.
Los datos reflejan que las municipalidades concentran el 30% de estas licencias con uso irregular, seguidas por hospitales y servicios de salud (29%). Instituciones como JUNJI, Fundación Integra, y los Servicios de Salud de Concepción (332) y O’Higgins (233), figuran entre los organismos con más licencias médicas registradas con ingresos a casinos.
El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud y representante de la región de O’Higgins, manifestó su preocupación por el fenómeno, señalando que afecta gravemente a los servicios públicos, en especial al sector salud: “Aquí en la práctica tenemos un fenómeno que afecta al mundo de la salud con mucha fuerza, porque más de 4 mil funcionarios son de la salud, de los indagados, y otro tanto similar de municipios. Educación también, Fundación Integra y Junji, están involucrados. Esto habla de una irregularidad profunda”.
“Obviamente, una persona operada, infartada, con hemorragia, con una infección grave, difícilmente va a poder estar concurriendo a un casino de juego. En la salud mental, si bien hay disponibilidad de que pueda haber desplazamientos a lugares distintos, no puede ser que los casinos se transformen en el quitapena de esto, porque al final estamos en eso”, cuestionó.
La Contraloría anunció que notificará a las instituciones correspondientes para iniciar los procedimientos disciplinarios, además de remitir los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado.