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Diputado Raúl Soto realiza denuncia e inicia fiscalización por alzas desproporcionadas en cuentas de la luz


"Numerosos clientes reportan aumentos abruptos, desproporcionados e injustificados en sus boletas, los que llegan al doble o incluso triple de sus consumos promedios históricos, una situación que es claramente irracional e irregular," afirmó el legislador.

LUNES, 18 DE AGOSTO DE 2025
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Publicado por

Danya Ríos

Periodista El Tipógrafo


Hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles llegó este lunes el diputado Raúl Soto para denunciar y solicitar una fiscalización urgente a la empresa CGE por alzas en las cuentas de la luz de miles de familias de la Región de O’Higgins.

El legislador por la zona señaló que ha recibido un gran número de denuncias de ciudadanos que reportan incrementos de hasta más de $100 mil adicionales en sus cobros habituales, constatando que si bien se esperaba un reajuste tarifario nacional en 2025, los montos facturados superan con creces lo establecido por dicho ajuste.

«Numerosos clientes reportan aumentos abruptos, desproporcionados e injustificados en sus boletas, los que llegan al doble o incluso triple de sus consumos promedios históricos, una situación que es claramente irracional e irregular,» afirmó el diputado Soto.

Por ello, el parlamentario se reunió esta mañana con el superintendente de Electricidad y Combustibles de la Región de O’Higgins, Felipe Lerzundi, a quien ofició para que realice una exhaustiva pero urgente fiscalización a los procesos de facturación y medición de consumo de la empresa, para así verificar si las alzas se basan en consumos reales o si corresponden a errores o prácticas indebidas. Además, el legislador solicitó aplicar sanciones ejemplares y transparentar las conclusiones de la fiscalización para restaurar la confianza en el control estatal sobre el mercado eléctrico.

Soto recordó que en agosto de 2024, CGE fue protagonista de cortes masivos que dejaron a más de 881 mil clientes sin suministro eléctrico en varias regiones, lo que provocó pérdidas económicas y un grave daño social. Como resultado, el SERNAC interpuso una demanda colectiva que aún está en curso. «Ahora, en lugar de enmendar sus prácticas y recuperar la confianza de los consumidores, la empresa aplica cobros que, por su magnitud y falta de explicación, tienen todas las características de un abuso empresarial sistemático», explicitó.


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