El miércoles 23 de julio, el Tribunal Constitucional revisó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa del exalcalde Luis Berwart y otros implicados en el millonario fraude que afectó a nuestra comuna. Lo que buscan es que, en caso de ser condenados, no se les aplique la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Entre los argumentos expuestos por sus abogados se afirmó que dicha sanción sería “desproporcionada”, que vulneraría la “igualdad ante la ley” y su eventual “derecho a la rehabilitación”.
Sin embargo, la verdadera noticia para quienes seguimos la audiencia fue otra: los abogados defensores reconocieron que ya habrían alcanzado con la Fiscalía acuerdos de salidas alternativas, incluyendo eventuales juicios abreviados.
De concretarse, esto sería una bofetada para San Fernando. Una nueva herida para una comuna sistemáticamente dañada, no sólo por los miles de millones de pesos en perjuicios, sino por la traición a la confianza de una ciudadanía que vio cómo sus autoridades se sirvieron del poder en lugar de servir a la comunidad. Peor aún: varios profesores murieron esperando sus fondos de retiro, sin justicia ni reparación.
Creo que la causa judicial que tanto ha costado impulsar no puede terminar en acuerdos de pasillo. Según Abraham Lincoln, “la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa”. Y hacer justicia, en este caso, es impedir que quienes abusaron del poder vuelvan a ingresar al servicio público.
Además, si el Tribunal Constitucional acoge el recurso, se sentará un pésimo precedente: cualquier autoridad podrá delinquir, esperar unos años y luego volver a postularse o entrar al Estado como si nada hubiera pasado.
¿Estamos dispuestos como sociedad a volver a incluir en nuestra administración pública a quienes fueron condenados por extraer miles de millones para sus fines privados?
Hoy, cuando el crimen organizado socava nuestras instituciones, hacer justicia en San Fernando no es solo un deber legal, es un imperativo ético. No basta con saber quiénes fueron los responsables; es necesario que cumplan sus condenas y no vuelvan a ocupar un cargo público.
Dicen que la justicia, cuando tarda, tampoco es totalmente justa. Y los sanfernandinos no podemos seguir esperando.
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