El reciente desbaratamiento de una banda criminal de alto poderío armado y extrema violencia en Graneros no solo ha encendido las alarmas entre los vecinos, sino que también ha expuesto una cruda realidad: la seguridad en la comuna, y en la región, está al borde del colapso. El asesinato del matrimonio que intentó resistir un asalto a su propiedad es solo la punta del iceberg de una ola delictual que incluye secuestros, ‘turbazos’, ataques violentos a la propiedad privada y un preocupante aumento del armamento en manos de grupos organizados.
Hoy enfrentamos grupos delictuales organizados que, con planificación y armamento sofisticado, desafían al Estado mismo. Como en la teoría hobbesiana, surge un nuevo Leviatán, criminal, que amenaza el orden social establecido.
El escenario es desolador. Pese a las promesas de reforzamiento policial tras el crimen del matrimonio, el alcalde de Graneros admitió que los funcionarios prometidos nunca llegaron. Tampoco hubo soluciones concretas tras la visita gubernamental del 20 de marzo, cuando el entonces subsecretario del Interior, Luis Cordero, se limitó a hablar de «intervenciones preventivas» e «inversión pública», frases genéricas que contrastan con la urgencia del problema. Peor aún fue el desliz comunicacional del Ministro de Agricultura, quien, en un ejercicio de perspectiva de descentralización, insinuó que la responsabilidad recaía en las autoridades locales por no invertir en seguridad.
Estas declaraciones no solo son inadmisibles tras un doble homicidio, sino que revelan una fractura grave: el Gobierno central y los Gobiernos Subnacionales no hablan el mismo idioma. Las bandas criminales escriben su estrategia con balas y tecnología; las autoridades, con actas y Power Points. El resultado es predecible: mientras unos conquistan territorios, otros pierden hasta la última credibilidad.
Los datos del CEAD confirman el drama. Si bien los homicidios en la Región de O’Higgins bajaron de 40 en 2018 a 34 en 2019, desde 2020 la curva es ascendente: 51 casos ese año, seguidos por 46 (2021), 44 (2022), 48 (2023) y un récord de 56 en 2024. Los meses más violentos (enero, noviembre y septiembre) superan los 4,5 homicidios en promedio, mientras que junio y diciembre rondan los 2,5. Estas cifras no son estadísticas frías: son familias destruidas, comercios cerrados por extorsión y comunidades enteras viviendo con miedo.
Los hechos no admiten eufemismos: el brutal asesinato del matrimonio de Graneros a manos de una banda organizada –que operó con drones, inteligencia logística y poder de fuego comparable al de grupos paramilitares– no es un caso aislado, sino el síntoma de un sistema de seguridad colapsado. Sin la rigurosa investigación y su formalización por parte del Ministerio Público, junto al trabajo coordinado de Carabineros y la Policía de Investigaciones, estas organizaciones criminales seguirían expandiendo impunemente su imperio del terror en nuestras comunidades.
Considerando los desafíos actuales en materia de seguridad ciudadana, ¿Cómo logramos convertir a la Región de O’Higgins en una región más segura? ¿Qué proyectos de Seguridad Pública tiene planificado el Gobierno Regional para dar respuesta a estas necesidades? Y, muy importante, ¿Cómo podemos articular un verdadero modelo policéntrico que permita a la Sociedad Civil, la Municipalidad, la Delegación Presidencial, la Seremi de Seguridad y el Gobierno Regional coordinarse de forma fluida y eficiente?
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