¿Por qué seguimos sufriendo con vertederos y escombreras y extracción de áridos ilegales en nuestros ríos?

Nuestra región de O’Higgins posee importantes cauces, algunos de los cuales han tenido un comportamiento potencialmente peligroso en los últimos años, recordándonos (como el Cachapoal por ejemplo) que en otras épocas llegaron a ser considerablemente destructivos. Sin embargo, los lechos de los ríos tienen además importantes reservas de biodiversidad, potencialidad turística y cuantiosos recursos (como los áridos) que requieren una estrategia sustentable y racional para su adecuado manejo y explotación.

¿Por qué entonces tenemos una preocupante crisis en el manejo de esos ecosistemas y recursos?

Uno de los factores es la compleja regulación, en que distintos actores comparten responsabilidad (lo que suele significar que nadie la asume, en definitiva). Bienes Nacionales, los Municipios, la Seremi de Salud, el MOP, la Dirección General de Aguas, empresas privadas o públicas (como CODELCO) y en algunos casos incluso la Armada de Chile, tienen injerencia en la materia, lo que evidentemente dificulta que exista una adecuada regulación y sobre todo fiscalización de lo que ocurre en nuestros ríos y sus riberas.

Escombreras, vertederos, campamentos y extracción de áridos, todo fuera de la Ley: La tormenta perfecta

Basta recorrer las riberas del Cachapoal, y Tinguiririca o el Claro en nuestra región para descubrir su abandono y la verdadera ley de la selva que las regula. Vertederos ilegales con focos de insalubridad y posibles daños medioambientales, asociados a asentamientos humanos irregulares o campamentos en que verdaderas mafias “lotean” terrenos en rigor inhabitables, con absoluto desprecio de la Ley, sumado a la extracción ilegal e indiscriminada de áridos que han socavado gravemente el lecho de los cauces, poniendo incluso en riesgo infraestructura crítica como puentes son el macabro resumen de un problema del que nadie parece hacerse cargo.

¿Quién responde?

“La extracción de áridos está afectando la “caja” de los ríos. Esto implica un impacto ambiental, el cual afecta incluso la infraestructura pública cuando esta extracción ocurre muy cerca de los puentes. Algunos de los sectores más afectados son Ricardo Leiva, Messen, San Vicente y Cachapoal. En el caso de los puentes, la afectación se traduce en una socavación local y en una afectación de mayor alcance o general, que involucra todo el entorno geográfico inmediato” señala un informe de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas que ya en 2022 advertía que estas actividades indiscriminadas y completamente desreguladas están afectando gravemente al Cachapoal.

¿Y qué ha pasado con eso?

Una sentencia judicial a firme desde el año 2021 obliga a la Municipalidad de Rancagua a clausurar la faena de extracción de áridos “Messen”, sin embargo, ésta, junto a otras de la misma naturaleza continúan funcionando y afectando el lecho del río Cachapoal, lo que incluso podría llegar a poner en riesgo infraestructura crítica como sugiere la subsecretaría de Obras Públicas. ¿Cómo se explica eso?, ¿Por qué la Municipalidad no ejerce sus funciones y cumple el fallo de la Corte Suprema en la materia?, ¿Cómo siguen funcionando empresas sin permisos sectoriales ni patente municipal?

Las preguntas quedan tristemente sin respuestas, mientras que las denuncias en la materia son innumerables y si se suman a los vertederos y escombreras ilegales, el panorama es desolador, y podría configurar una causal de notable abandono de deberes de las autoridades llamadas a resolver estos temas.

Otro caso similar ocurre en Machalí, donde la empresa Xtreme Mining Ltda. Ha sido denunciada en reiteradas oportunidades y se han desarrollado sumarios sanitarios ante la Seremi de Salud de O’Higgins, que, pese a la oportuna fiscalización, se encuentran inexplicablemente sin sanciones, en lo referente a extracción ilegal de áridos.

¿Qué pasa con esos sumarios ante la Seremi de Salud?, ¿Qué rol juega el municipio en la materia también?

En ese caso numerosas denuncias hablan de un funcionamiento sin patente municipal ni permisos sectoriales, por lo que cabe preguntarse ¿Quién fiscaliza?, ¿Por qué en 2020 se inhabilitó el funcionamiento de la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada y hoy eso no ocurre con otras empresas en circunstancias similares?