“La política es sin llorar” reza el refrán popular, y se le recomienda a quienes quieran dedicarse a esa actividad tener “el cuero duro” para soportar los ataques que suelen recibir quienes se profesionalizan en el rubro, sin embargo, esa mirada esconde un peligro complejo, la normalización de la trasgresión de límites éticos básicos en una sana convivencia democrática y el deterioro de las instituciones que deberían sustentar la confianza de los ciudadanos en su sistema político. En resumen, la degradación de la política termina afectando a la calidad de las políticas públicas y, por tanto, a la ciudadanía misma que suele festinar con el «escandalillo» de moda.
Esta campaña 2024 no ha sido la excepción, y a las clásicas peleas y dimes y diretes electorales, que ahora tienen nuevos escenarios virtuales a través de las Redes Sociales, se suma la judicialización de la política mediante querellas, denuncias y otras acciones de dudosa intencionalidad y de escaso efecto real.
Algunos ejemplos en la región son:
San Fernando
La difusión de un video en que el alcalde de la comuna, Pablo Silva Pérez se encontraba en compañía de una supuesta menor de edad en un vehículo municipal, trajo a la memoria otros escabrosos episodios similares en la región, sin embargo, a nadie pareció importarle demasiado que el propio edil explicó la situación y señaló que se trataba de su pareja que, ciertamente no es menor de edad.
Rengo
La cerrada disputa electoral que se vive en la comuna por la sucesión de Carlos Soto, quien no pudo postular a la reelección, ha motivado acusaciones cruzadas. El aspirante opositor, el concejal Enrique del Barrio puso en duda el financiamiento y la gestión en proyectos emblemáticos de la administración de Carlos Soto, lo que provocó una dura respuesta del actual edil renguino.
Sin embargo, en una arista distinta de la campaña, respecto a Del Barrio, circulan también versiones en redes sociales que lo sindicarían como beneficiario, junto a su pareja, de numerosos beneficios estatales destinados a los más necesitados, obtenidos con fichas de protección social que los dejarían casi en la indigencia según quienes han hecho circular los documentos.
Litueche
Una querella contra el candidato Rodrigo Palominos Vidal por el delito de “falsificación de instrumentos públicos o auténticos contemplado en el artículo 193 y siguientes del Código Penal, y del delito de usurpación de nombre contemplado en el artículo 214 del mismo cuerpo legal”, que habrían sido cometidos durante su gestión como funcionario municipal abre los intensos fuegos de la contienda electoral, que tiene su capítulo más bizarro con la filtración de una fotografía íntima del candidato independiente a la alcaldía Bernardo Cornejo, el escándalo estalló originalmente el 2015, luego de que una imagen explícita del candidato fuera revelada en redes sociales, situación que generó una ola de críticas desde diferentes sectores sociales y políticos, llegando a ser trending topic nacional con el #quepenetucore. La fotografía, enviada por Cornejo mientras ejercía como CORE, ha sido descrita por activistas y organizaciones feministas como un acto de abuso y violencia de género, y hoy vuelve a circular.
Chimbarongo
Parte del concejo municipal, ha denunciado y solicitado al Tribunal Electoral Regional, la remoción del alcalde de Chimbarongo Marco Contreras, a sólo semanas de la elección municipal del próximo 26 y 27 de octubre.
La presentación se basaría en que el edil habría firmado en el año 2022, un decreto alcaldicio donde instruyó el ascenso de grado y aumento en las remuneraciones de la funcionaria Cristina Loreto González, con tendría una relación según los acusadores.
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