Este lunes 30 de septiembre, los consejeros regionales Lenin Arroyo y Mauricio Valderrama, acompañados por el abogado Luis Felipe León, ingresaron una denuncia en la Fiscalía Regional de O’Higgins contra quienes resulten responsables por presuntos delitos de corrupción. La denuncia se centra en el convenio entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de San Fernando, así como en el proceso de licitación y adjudicación del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Televigilancia de la Comuna de San Fernando”, el cual fue aprobado por el Consejo Regional con un presupuesto de 2.184 millones de pesos.
El documento también solicita la designación de un fiscal especial de la Unidad Anticorrupción para investigar el denominado “Caso Cámaras”. Además, se pide que el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, y el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, junto a funcionarios de las unidades técnicas, oferentes y la empresa que se adjudicó la licitación, sean citados a declarar para esclarecer si hubo tráfico de influencias, cohecho u otros delitos.
El consejero Lenin Arroyo afirmó que el gobernador regional ya había presentado una denuncia ante la Contraloría por presuntas irregularidades en la licitación, enfatizando: «Solicitamos que el gobernador Silva venga a entregar todos esos antecedentes a la Fiscalía porque creemos claramente que aquí hay atisbos de corrupción». Arroyo expresó dudas sobre la transparencia del proceso, sugiriendo que «alguien quiere cambiar el proceso licitatorio con algún beneficio o efectivamente hubo situaciones irregulares que pueden llevar a un tema de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias».
Por su parte, el consejero Mauricio Valderrama subrayó la falta de información recibida por el Consejo Regional: «No tenemos ningún antecedente respecto del oferente que se estaba adjudicando esta licitación», añadiendo que la protección de los recursos públicos es una prioridad: «Nosotros vamos a ser implacables en el uso y en el cuidado de los recursos públicos. No podemos permitir bajo ningún punto de vista que se despilfarren los recursos que estamos entregando a la ciudadanía».
El abogado Luis Felipe León también destacó la gravedad del caso, indicando que «la obligación de denunciar un hecho irregular no basta con hacer una denuncia administrativa a Contraloría». Según León, las irregularidades mencionadas podrían constituir delitos como malversación de caudales públicos o fraude al fisco, por lo que solicitó que el gobernador Silva Amaya declare en calidad de testigo ante la Fiscalía para clarificar los hechos.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas