Cuando la ciudadanía de Rancagua se enteró de que la empresa denominada «Centro de Custodia de Vehículos Infractores» había presentado una querella contra cuatro concejales de Rancagua por cohecho, la conmoción se apoderó de la opinión pública rancagüina. María Carmen Orueta, Valentina Cáceres, Emerson Avendaño y Hugo Guzmán son los ediles acusados de exigir beneficios ilegítimos a cambio de influir en una eventual licitación, pero su historia y los antecedentes del caso son mucho más complejos e intentaremos despejar las interrogantes que surgen a partir de los hechos conocidos.
La versión de la empresa acusadora
Según el libelo acusatorio y el reclamo presentado ante la Municipalidad de Rancagua, los ediles se habrían coludido entre ellos para solicitar aportes monetarios a cambio de favorecer a la empresa querellante en una licitación pública que tendría por objeto permitir que particulares desarrollen los servicios de bodegaje y custodia de vehículos retirados de circulación por infracción a las leyes de tránsito.
“La Muni va a licitar el servicio, dígale a su jefe que converse con nosotros, ya que nosotros podemos ayudarlo si nos ayuda con algo, porque nosotros cuatro votamos siempre en bloque”, habría señalado al encargado del local el querellado concejal Hugo Guzmán Millán, según consigna la querella.
Según la presentación judicial los concejales habrían entregado “consejos” técnicos para asegurar la adjudicación de la próxima licitación, señalando el concejal Avendaño, por ejemplo que ‘’se debe ampliar la envergadura del terreno, aumentando la cantidad de metros cuadrados para tener mayor capacidad, ya que hice averiguaciones en el departamento de rentas municipales y el terreno que cuentan no daría abasto para la cantidad de vehículos’’, lo que implicaría, según los querellantes, que este edil habría obtenido información de manera irregular sobre el funcionamiento del aparcadero para solicitar beneficios por actos propios de su cargo.
Haber pedido beneficios impropios para influir a favor de la empresa en un eventual proceso licitatorio y haber amenazado a los privados si no se accedía a lo solicitado, constituirían los delitos de cohecho y amenazas que sustentan la querella que fue admitida a tramitación el pasado 14 de abril en el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Pero, ¿Por qué los concejales fueron a visitar la empresa?, ¿Por qué una empresa con patente de estacionamiento se denomina «Centro de Custodia de Vehículos Infractores» y se emplaza en una comuna que cuenta con un recinto municipal para ese efecto? y ¿Por qué se prepararon bases para un proceso licitatorio si Rancagua cuenta con un aparcadero municipal para custodiar vehículos retirados por infracciones de tránsito?
La empresa, su constitución y expectativas de negocio
Corría el mes de enero de 2022 y se constituía la empresa «Centro de Custodia de Vehículos Infractores», en ese momento funcionaba con absoluta normalidad el aparcadero municipal que recibía justamente a los vehículos infractores. Obtuvo patente de estacionamiento y comenzó a operar. ¿Por qué elegir ese nombre en particular?
Más de un año más tarde, el 17 de marzo de 2023, la seremi de salud de la región de O’Higgins prohibía el funcionamiento del aparcadero municipal por estar emplazado en un terreno que fue un vertedero o relleno sanitario, sin que se hayan acreditado las medidas de seguridad que permitirían destinar ese terreno a otros fines como el de bodegaje de vehículos. En ese contexto, el municipio de Rancagua comenzó a derivar vehículos a la empresa privada antes señalada.
Tal vez sea fortuna o coincidencia, pero la empresa tuvo disponible un servicio antes siquiera que se produjera la necesidad de recurrir a éste.
La licitación
Cuando la seremi de salud impide que el aparcadero municipal siga funcionando desde el municipio de Rancagua se vislumbra la necesidad de contar con un recinto o terreno alternativo, pero llama la atención que, según el relato de concejales, ya existían bases de licitación para proveer el servicio. No sólo eso, según Orueta, Cáceres, Avendaño y Guzmán, en las bases elaboradas ya se contenía la dirección actual de la empresa en comento, además de características “curiosamente” idénticas a las que exhibe la empresa, circunstancias que los concejales denunciaron señalando que se trataría de una licitación “dirigida”.
«Había una licitación que se bajó porque estaba siendo direccionada» señaló el concejal Guzmán, a lo que la concejala Cáceres agregó que «se han tomado iniciativas jurídicas contra esta empresa, tenemos certeza de que la denuncia es totalmente falsa» y acusó que «estamos afectando los intereses de quienes quieren lucrar, le dimos de baja el negocio, que pena por ustedes que bien por Rancagua».
¿Por qué se prepararon esas bases de licitación si el aparcadero no había sido clausurado?, ¿Sabía el municipio que eso ocurriría? Si sumamos la licitación con las condiciones denunciadas por los concejales y la constitución de una empresa destinada a proveer un servicio que en ese momento no se requería, los cuatro ediles concluyen que se estaba preparando un negocio redondo para algunos.
Aclaración de la Municipalidad
En respuesta a las consultas de El Tipógrafo, la municipalidad de Rancagua aclaró que: “Efectivamente se inició un procedimiento interno, destinado a efectuar una licitación pública, con el propósito de satisfacer una necesidad de contar con un nuevo aparcadero municipal que se adecúe a los actuales requerimientos y esté acorde con las normativas legales vigentes.
Dentro de este contexto interno, se confecciona un borrador de bases administrativas, bases técnicas y anexos, cuya formulación está sujeta a una serie de revisiones, análisis y sometida a controles que dependen técnicamente de la Contraloría General de la República. Dicho borrador ha sido elaborado por la Secretaría Comunal de Planificación de este municipio, labor para la cual está mandatada por el artículo 21 letra e) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley N° 19.886 y su reglamento ambos cuerpos normativos referidos a la Ley de Compras Públicas.
Dentro del procedimiento señalado, se confecciona un borrador de bases de licitación que, en una primera instancia, fue aprobado mediante Decreto Exento N° 807, de fecha 8 de marzo de 2023. Cinco días después, luego de detectarse por la misma la Secretaría Comunal de Planificación una serie de inconsistencias, se adopta la decisión de dejar sin efecto tal procedimiento, mediante la dictación del Decreto Exento N° 832, del 13 de marzo 2023.
Lo anterior significa, en síntesis, que nunca existió un proceso licitatorio público destinado a la concesión de un nuevo aparcadero municipal”.
La declaración del municipio agrega que “todas las condiciones que exige la normativa legal aplicable para la instalación de un aparcadero municipal, entre ellas, el cumplimiento de la ley N° 18.290 de Tránsito porque debe tratarse de un aparcadero ubicado en un terreno de propiedad municipal o someterlo a un proceso de licitación pública para que dicho servicio sea concesionado, luego la normativa sanitaria, normas medioambientales y todas aquellas normas que se deben ajustar para el funcionamiento de un recinto de esta naturaleza”.
Sobre si está funcionando el aparcadero municipal de Rancagua en la actualidad la municipalidad también señaló que “el aparcadero municipal dependiente de la Ilustre Municipalidad de Rancagua se encuentra funcionando de la misma forma que lo ha hecho durante más de 20 años, es decir, en forma absolutamente normal, en instalaciones ubicadas en la Ruta Travesía, kilómetro 78, exruta 5 Sur, Rancagua”.
Finalmente, sobre el eventual direccionamiento de la mencionada licitación, el municipio quiso señalar también que, “esta Municipalidad no ha recibido acusaciones en tal sentido, por tanto, malamente podemos hacernos cargo de rumores infundados, ya que no ha existido ninguna licitación pública publicada en portal de Mercado Público para la concesión de un nuevo aparcadero municipal”.
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