Fraude al Fisco: prisión preventiva para ex alcalde Berwart y 3 ex funcionarios del municipio de San Fernando

Casi 15 horas duró la formalización de cargos en que la magistrado Rosa Cáceres decretó la prisión preventiva por los cargos de fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público consumado y reiterado al ex alcalde de San Fernando, Luis Berwart, y a los ex funcionarios, Pedro Pablo Cruz; Leonidas Quiroga y Carlos Bozzo. Es plazo de investigación definido fue de 90 días y los imputados pasaron a cumplir su cautelar de detención en el Centro Penitenciario de Rancagua.

Según la presentación del Ministerio Público, ellos se habrían concertado para hacer defraudaciones a través de la Corporación Municipal Cormusaf, creando empresas ficticias para el cobro de facturas de trabajos nunca realizados; pagando por servicios a honorarios inexistentes; contratando personal fantasma; pagando por servicios con sobreprecio para quedarse con parte del dinero y pago de servicios con dinero de la Corporación no relacionados con ella.

Muchos de esos desvíos de dinero se realizaban -según se expuso en la audiencia- haciendo pagos en efectivo para intentar no dejar rastros contables. Incluso hay pagos que se siguieron haciendo a una persona fallecida.

Los delitos se habrían cometido indistintamente entre los años 2014 y 2020, aproximadamente, período en el cual el ex alcalde Luis Berwart era presidente de la Cormusaf y los otros tres imputados ejercieron distintos cargos de confianza en el área administrativa y de finanzas. La Fiscalía estableció cinco formas distintas para realizar las defraudaciones al Fisco y en total da una cifra cercana a los $2.000 millones de pesos en el período que están en serio cuestionamiento.

Las defensas de los imputados intentaron argüir que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, no tenían la consistencia procedimental, cosa que desechó el tribunal. También al final de la larga jornada, hubo debate respecto del plazo de investigación ya que la parte querellante pedía al menos 180 días. Finalmente, la magistrado determinó que 90 era equilibrado.