El informe n° 405 del 2020 de la Contraloría General de la República da cuenta de graves irregularidades en la adquisición de pulseras para la medición de estadísticas biométricas y nutricionales de alumnos de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua el año 2018.
El documento cuestiona que se gastaron $448.332.500 que debieran haber servido para adquirir 7.535 pulseras. Sin embargo, se estableció que no se recibió la totalidad de pulseras y además, no se realizaron los servicios de medición de los parámetros físicos y nutricionales, y tampoco se realizó la escuela de fútbol comprometida en el convenio, lo que motivó al órgano contralor a poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público por los eventuales ilícitos que se pudieran haber cometido.
Con esos antecedentes, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy decidió deducir una querella, a objeto de resguardar el patrimonio de la Corporación.
Según informó el municipio, los fondos empleados para la adquisición de estas pulseras y los servicios anexos, corresponden a dineros destinados a alumnos prioritarios o vulnerables de la comuna con ocasión de la Ley SEP.
Sobre el libelo acusatorio Godoy señaló que “uno de nuestros compromisos al asumir la gestión municipal fue transparentar los procesos y el estado en que recibimos el municipio y las distintas Corporaciones. Esto porque la comunidad confió en nosotros para liderar la administración municipal y merece saber de manera clara de qué manera se están utilizando los recursos públicos”. Añadió que “en base a lo que recogió Contraloría en su investigación, como municipio interpusimos esta querella para que se lleven a cabo las acciones legales que sean necesarias en contra de quienes resulten responsables por los delitos de estafa, fraude al fisco y apropiación indebida”.
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