Carlos Cardoen: "Después de casi 30 años se me ha hecho justicia"

La segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinó rechazar la extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos contra el ciudadano Carlos Cardoen.

En el fallo, el máximo tribunal ratificó lo fundamentado en instancias anteriores por el Juez Carlos Aránguiz, en el sentido de que el país del norte no acreditó las supuestas ilegalidades de las que acusa al empresario, y desestima la petición por carecer de fundamento, además de encontrarse prescritas.

La sentencia, redactada por el ministro Jorge Dahm y suscrita por los ministros Carlos Kunsemuller y Leopoldo Llanos, desestimó en su totalidad los argumentos de apelación presentados por Estados Unidos, con lo que se zanja la posibilidad de que el empresario sea extraditado.

El proceso ha sido la única instancia en que las partes han expuesto sus argumentos ante un tribunal independiente, y la primera oportunidad que ha tenido Carlos Cardoen para defenderse jurídicamente de las acusaciones en que el gobierno norteamericano le imputa haber vulnerado sus disposiciones que prohíben el comercio con Irak en los años ’80.

Las acciones contra el empresario chileno comenzaron luego de que el gobierno de George Bush diera un giro en su apoyo a Irak tras la invasión a Kuwait en agosto de 1990 por parte de Sadam Husein.

“Después de casi 30 años se me ha hecho justicia de las acusaciones infundadas de una de las naciones más poderosas del mundo, que avaló los intereses del entonces presidente Bush. Este es el primer paso para la restitución de mis derechos y la eliminación de una alerta roja que no tiene justificación alguna” expresó Cardoen.

En tanto, la abogada Joanna Heskia, quien lidera la defensa del empresario, se mostró satisfecha con el veredicto y argumentó que “la Corte Suprema ratificó el argumento de la inocencia de Carlos Cardoen y que Estados Unidos ha sostenido un caso en supuestos y especulaciones que carecen de fundamento”.

Una trama de 30 años

El caso se origina a fines de los años 70 y principios de los 80, cuando el gobierno chileno solicitó a varios empresarios desarrollar elementos de defensa nacional ante la vulnerable situación en que se encontraba el país, producto de las tensiones con Argentina, Bolivia y Perú, y las restricciones para la compra de material bélico impuestas por la Enmienda Kennedy.

El empresario Carlos Cardoen Cornejo utilizó su experiencia y conocimientos en minería para producir equipamiento de defensa para el Estado, y crea la compañía INCAR que desarrolla exitosamente varios elementos, con el aval norteamericano, a quienes incluso fueron presentados en 1985.

Tras el giro en la política internacional del gobierno de Bush en su apoyo a Irak, Cardoen fue acusado de compra ilegal de zirconio, elemento que, en algunas de sus formas, es considerado como estratégico por Estados Unidos.

Desde entonces Cardoen fue requerido por dicho gobierno quien impuso una alerta roja en Interpol pero, hasta ahora, nunca se había desarrollado un juicio en donde la defensa del empresario expusiera las pruebas que avalan su inocencia.

El 14 de junio de 2019, Estados Unidos pidió formalmente la extradición de Cardoen, comenzando el proceso.

A principios de marzo del 2020, el juez Carlos Aránguiz decretó que no procedía la extradición.

En su fallo, explica que Estados Unidos “no proporcionó prueba alguna” y que “su contenido aparece como meramente enunciativo y desprovisto de datos fácticos que ayuden a precisar la seriedad de los hechos punibles”.

La defensa del empresario entregó pruebas que acrediten el conocimiento y apoyo de las autoridades norteamericanas a las licencias de compra de circonio por parte de Industrias Cardoen, lo que derriba la tesis que Estados Unidos ha mantenido hasta hoy.

Ante esto, los abogados del gobierno norteamericano apelaron a la resolución, alegando que el fallo no había considerado sus argumentos.