De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada N°21, detectó que 57 funcionarios de la Cormun de Rancagua habrían desarrollado actividades remuneradas durante su periodo de incapacidad laboral entre 2023 y 2024, situando a la entidad entre las con mayor número de casos.
El documento, fechado el 30 de marzo de 2026, se elaboró a partir de un cruce de información entre los registros de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), que dan cuenta de pagos por remuneraciones y honorarios en el mismo periodo. En total, se analizaron 48.682 licencias médicas correspondientes a servidores públicos con uno o más meses completos de reposo.
A nivel nacional, el desglose de los casos da cuenta de que 3.611 funcionarios habrían recibido honorarios de otras instituciones, 2.538 remuneraciones y 162 ambos tipos de ingresos. Además, 150 personas registraron pagos a través de plataformas digitales de intermediación de servicios como Uber, Rappi o Pedidos Ya durante su licencia.
En cuanto a la distribución institucional, la Corporación Municipal de Rancagua se posiciona entre las entidades con mayor número de casos a nivel nacional, acumulando 406 licencias médicas asociadas al periodo analizado. En este escenario, el sector municipal concentra el 46% del total, seguido por salud (26%) y educación (17%).
Frente a estos antecedentes, la Contraloría informó que notificará a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios internos, con un plazo máximo de cinco días para reportar acciones en el sistema SIAD. Además, los antecedentes serán remitidos a la SUSESO, COMPIN, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Desde la Corporación Municipal de Rancagua indicaron que el informe aún no ha sido recibido oficialmente, por lo que no emitirán declaraciones hasta contar con los antecedentes. Una vez recepcionado, señalaron que se activarán los procedimientos administrativos correspondientes y se revisará cada caso para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
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