El vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Gortari, criticó que el Ministerio lleve adelante el proyecto de la Ruta G-66 Camino de la Fruta, pese a las fuertes críticas y oposiciones que tienen los vecinos de las comunidades por las que pasa esta ruta.
“Es un muy mal proyecto, los diseños no se condicen con el uso que podría tener a corto y mediano plazo, que sacrifica el sentido social de los usuarios cobrando unas tarifas que son casi el doble del costo de una tarifa normal de cualquier tramo de la Ruta 5 Sur por un tramo similar, que va a ser un camino bidireccional como es hasta ahora, que tiene solamente 15,5 kilómetros de camino tipo autovía, dos autopistas por sentido. Por lo tanto, es un proyecto que no da solución real a las necesidades actuales y futuras del movimiento que tiene esa ruta”, destacó Gortari.
Precisó que el consejo ciudadano está conformado por diversas organizaciones de la comunidad. “Hay consejeros desde Árica a Chiloé, somos 20 consejeros y trabajamos en todas las materias que dicen relación con las obras públicas del MOP, pero somos un órgano independiente”, dijo.
Explicó que a través del consejo han tenido reuniones con el ministro de Obras Públicas anterior (Alfredo Moreno) y con el subsecretario anterior, “pero no se llegó nunca a un acuerdo importante, de hecho, nunca se ha considerado derechamente la opinión de la comunidad, especialmente de la comunidad de Las Cabras, Peumo y Pichidegua, que son las que están siendo más afectadas con este proyecto”, afirma.
En relación a las medidas legales que podrían emprender para paralizar esta obra, detalló que “son acciones que va a ejercer las comunidad directamente, hay tres equipos de abogados que están trabajando con distintas comunidades. Un bufete de abogados está trabajando con la comunidad del sector agrícola, específicamente de los sectores que tienen fuertes emprendimientos en las zonas de Las Cabras y Peumo, otro equipo que está contratado por algunas organizaciones comunitarias del sector Las Cabras y Pichidegua y el tercer equipo de abogados que está funcionando bajo dependencia de la Municipalidad (Pichidegua)”.
Manifestó que los abogados están recabando todos los antecedentes para ver cuáles son las instancias legales a las que se pudiera acceder, “en bien de poder en primera instancia paralizar el proyecto, porque ya está contratado, oficializado al concesionario único que se presentó, que es algo que también reclamamos nosotros”.
Señaló que el consejo ya tomó las acciones, que eran de manifestar al ministro en su oportunidad el descontento por el proyecto en general. “Eso es una cosa que está resuelta a través del consejo, pero yo sigo intentando tratar de implementar alguna de estas indicaciones de la comunidad frente al ministerio. De hecho, se le está solicitando una nueva reunión al ministro de Obras Públicas, porque la última la derivó al director de concesiones, que no tiene ningún interés en siquiera escuchar a la comunidad. Lo ha manifestado casi tácitamente en las reuniones que se tuvo con él (Hugo Vera)”.
En cuanto a las acciones de protesta que pretende emprender la comunidad, destacó que «nosotros estamos por apoyar toda instancia que pueda hacer entender al ministro que las decisiones que están tomando son de espalda la comunidad y son decisiones que le van a afectar directamente a la comunidad. No le solucionan los problemas, al contrario, le van a generar más. Nosotros, aunque no somos partidarios de oposiciones de tipo violentistas, pero dadas las circunstancias que se están dando en el país, al parecer son las alternativas que le van quedando a la comunidad para que sean escuchadas y atendidas sus demandas a nivel de gobierno”.
Finalmente, reveló que también se está solicitando una audiencia con el Contralor General de la República (Jorge Bermúdez) porque él ordenó que se hiciera una investigación de todos los antecedentes del proyecto Camino de la Fruta desde sus orígenes en el año 1998 y que, a raíz de tres llamados a licitación, se han gastado en el orden de los 200 millones de dólares, sin haberse construido un kilómetro de camino ni de mejoras siquiera. Queremos que el contralor nos informe cómo han avanzado esas investigaciones”.
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