El Jefe Regional de la Sede de O’Higgins, David Bahamondes, señaló que uno de los casos corresponde al de un niño de 5 años que, estando con su madre el 23 de octubre -cuando aún regía el estado de excepción constitucional-, fue alcanzado por perdigones percutados por un militar, en un momento en que fuerzas del Ejército dispararon indiscriminadamente a manifestantes con escopetas antidisturbios.
Asimismo, el 21 de octubre, mientras carabineros disparaba y utilizaba gas lacrimógeno para disolver una manifestación, un funcionario policial disparó a corta distancia a una persona que recibió tres perdigones. La víctima demandó al personal de Carabineros el cese del uso de las escopetas antidisturbios por la presencia de niños en el lugar, señaló Bahamondes.
Otro hecho que motivó la presentación de una querella por parte del INDH de O’Higgins, ocurrió el 20 de octubre cuando una de las víctimas salió a la calle a ver la manifestación que se desarrollaba en las inmediaciones de su casa. Debido a disparos realizados por efectivos policiales, un grupo de manifestantes corrió hacia el área donde él se encontraba. En ese momento, un carabinero le apuntó a corta distancia y le disparó con una escopeta antidisturbios, recibiendo el impacto de cuatro perdigones que se alojaron en la parte izquierda de su rostro, oreja izquierda y antebrazo izquierdo.
El 19 de octubre, en Rancagua, y mientras una persona volvía a su domicilio, se encontró con otro grupo que huía de carabineros. Según la víctima, un vehículo policial se detuvo a escasos metros de distancia, desde donde descendió un funcionario policial premunido de una escopeta antidisturbios, quien le disparó luego de apuntarle directamente justo en el momento en que la víctima giraba para escapar del lugar. Fue entonces que recibió el impacto de once perdigones en el torso, de los cuales seis se incrustaron en la carne.
David Bahamondes explicó que las querellas presentadas son por delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 150 D del Código Penal) o bien por el delito de violencia innecesaria, previsto en el artículo 330 N° 2 del Código de Justicia Militar.
Según manifestó Bahamondes, la Sede Regional de O’Higgins continúa levantando información sobre hechos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos y desplegando las acciones correspondientes, conforme a su mandato legal, en toda la Región.
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