Luego que la comisión de Hacienda aprobara la idea de legislar el proyecto de ley de modernización tributaria, con votos de la Democracia Cristiana, el diputado DC,Raúl Soto, manifestó su desacuerdo con esta medida.
El legislador detalló que el proyecto del gobierno, “el sentido que tiene, los fundamentos y los principios donde descansa, es totalmente contradictorio a todo lo que nosotros creemos desde el humanismo cristiano, que es justamente la justicia social y el combate a la desigualdad”.
Enfatizó que “por eso he señalado que me encuentro enfrentado hoy día a mis propios principios por parte de una decisión que ha tomado mi partido. Yo estoy por rechazar la reforma tributaria, tanto a legislar como en el fondo, particularmente en lo que hace relación con esta reintegración que va en definitiva a beneficiar a los más ricos del país”.
“La parte que sea positiva la vamos a respaldar, es lo que tiene que ver con el apoyo a las pymes, con el incentivo a la inversión, con liberar del pago de contribuciones a los adultos mayores (…) pero la parte estructural que tiene que ver con la reintegración, estoy por rechazarla”, insistió.
Hizo mención además a que “le pedí a mi partido y a mi bancada que más allá de la decisión que se ha tomado (…) en particular vamos a rechazar lo que tiene que ver con la reintegración, sino sería traicionar nuestros propios principios”.
Enfatizó que “yo voy a mantener mi posición e insisto: vamos tratar de dar la lucha desde adentro, mientras se pueda”.
Recalcó que “el corazón del proyecto de la reforma tributaria que es la reintegración, el efecto que provoca es librarle una carga importante, cerca de 800 millones de dólares a las grandes empresas y a los más ricos de este país. Creo que esto es una situación totalmente injusta, en la parte estructural de esta reforma que no ha sido modificado, que el gobierno hasta el momento no ha hecho una propuesta de progresividad que implique una mayor recaudación a un impuesto que sea asumido por los más ricos y las grandes empresas de nuestro país y no por la clase media y las pymes”.
“Es una opción que trae un costo político alto en un momento donde estábamos haciendo esfuerzos de unidad y coordinación bastante importantes y que en definitiva tiende un poco quebrar las conversaciones», señaló.
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