Rancagua: Sename denuncia presunto abuso sexual en Hogar Pequeño Cottolengo y sacerdote sería responsable

La directora regional (s) del Servicio Nacional de Menores (Sename) de O’Higgins, Bernarda Bolbarán, interpuso una denuncia en la Fiscalía por un presunto abuso sexual cometido contra un menor de edad en dependencias del Hogar Pequeño Cottolengo, en la comuna de Rancagua. Las primeras diligencias señalan que el supuesto autor del hecho sería un sacerdote quien además, habría ofrecido dinero al adolescente.

El pasado 8 de mayo llegó hasta el Ministerio Público la directora (s) del organismo público para interponer la denuncia. Según el documento, a principio de mayo llegó hasta su oficina el sacerdote Álvaro Oliva para relatarle que uno de los niños del centro le había referido “haber sido tocado por un cura”, quien también “le habría ofrecido dinero”.

Conocida esta información la residencia habría iniciado una investigación interna, sin embargo, el religioso Álvaro Oliva informó a sus superiores y, según consta en la denuncia, le habrían indicado “no continuar con la investigación interna, toda vez que, al tratarse de la presunta participación de un sacerdote, se iniciaría una investigación eclesiástica”.

Ante estos hechos, la coordinadora regional de Sename solicitó al Hogar Pequeño Cottolengo efectuar un procedimiento correspondiente a la circular 2308 del servicio, acción que se realiza en estos casos informando que el sacerdote -presunto autor de la agresión sexual- “venía desde España, y que su labor tiene relación con trabajos que no revisten contacto con los residentes de Cottolengo”.

Mediante un comunicado de prensa, desde Sename informaron que “este servicio tomó conocimiento del presunto abuso sexual ocurrido en la residencia Pequeño Cottolengo, perteneciente a la Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, se activaron los protocolos para estos casos, es decir, se presentó la denuncia en el Ministerio Público y se informó al Tribunal de Familia”.

A esto agregaron que “esas acciones se reforzaron con la acción judicial interpuesta por el Programa de Representación Jurídica (PRJ)”, y que “esta dirección regional ordenó una supervisión adicional al organismo colaborador para verificar el estado y atención de la víctima, así como del resto de los niños y niñas que son atendidos en la residencia”.