Un nuevo revés judicial sufrió la Ilustre Municipalidad de San Fernando luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazara en forma definitiva el recurso de protección interpuesto contra la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST). Con este nuevo «supremazo», el máximo tribunal del país dejó firme la postura del organismo estatal y clausuró la vía constitucional en una disputa que se arrastraba por la suspensión en el envío de medicamentos e insumos clínicos para la red de Atención Primaria de Salud (APS) de la comuna.
La resolución evidencia el estricto criterio de los tribunales superiores al revisar las exigencias formales y el respaldo jurisprudencial de las acciones que escalan hasta la Corte Suprema, donde los argumentos municipales resultaron insuficientes para revertir lo ya dictaminado en la región.
El origen del conflicto
El litigio se remonta a la decisión de CENABAST de suspender la intermediación de medicamentos e insumos clínicos destinados a los consultorios y centros de salud primaria de San Fernando, una situación que se ha prolongado durante años.
La postura oficial del organismo proveedor quedó formalizada el 6 de noviembre de 2025 mediante el Ordinario N° 6567, documento en el cual ratificó su negativa a restablecer el despacho regular de productos farmacológicos. Esta medida obligó a la red de salud municipal a adquirir insumos en el mercado privado a costos sustancialmente mayores, impactando el presupuesto local y la disponibilidad de fármacos esenciales para los vecinos de la comuna.
El portazo en Rancagua por extemporaneidad
Ante la persistencia del problema, el municipio presentó un recurso de protección el 16 de abril de 2026 ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sin embargo, apenas cinco días después el 21 de abril, la Sala de Cuenta del tribunal de alzada, integrada por los ministros Michel González Carvajal, Jorge Fernández Stevenson y el abogado integrante Claudio Sepúlveda Delaigue, declaró inadmisible la acción.
El tribunal rancagüino determinó que el acto impugnado quedó configurado con la respuesta negativa de CENABAST en noviembre de 2025. Al haberse presentado el recurso en abril de 2026, había transcurrido con creces el plazo fatal de 30 días establecido en el Auto Acordado que regula esta materia.
La ofensiva jurídica y el cierre definitivo en la Suprema
Disconforme con el criterio de la Corte de Rancagua, la defensa municipal encabezada por el abogado Joseph David Palomino Castro, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El argumento central apuntaba a que la falta de suministro constituía una omisión permanente, continua y de tracto sucesivo, cuyos efectos perjudiciales sobre la salud de la comunidad se renovaban día a día.
A pesar de los argumentos, el 26 de octubre de 2026 la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Omar Astudillo, junto a las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz puso punto final cerrando la puerta a los argumentos por estar fuera de plazo.
En un fallo tajante, los magistrados concluyeron que los antecedentes y citas jurisprudenciales expuestos por la Municipalidad de San Fernando no lograban desvirtuar los fundamentos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. De este modo, el máximo tribunal confirmó en todas sus partes la inadmisibilidad por extemporaneidad, propinando un nuevo golpe judicial a la administración comunal y cerrando definitivamente esta vía cautelar.






