Pasadas las siete de la mañana del 21 de octubre, lo que iba a ser el inicio de una productiva jornada de “desbrote” en un predio de Colchagua derivó en tragedia, cuando el minibús que transportaba al personal se volcó en el trayecto dejando 17 heridos de diversa consideración.
Mucha captación de mano de obra temporera, sobre todo extranjera, se desarrolla por contactos de WhatsApp, redes sociales o llamados telefónicos, es práctica habitual acordar con los contratistas el sitio donde los recogerá el transporte y una vez en el lugar, recién se desarrollan los procedimientos administrativos. En este caso, era su primer día de trabajo, desconocían el lugar preciso de las faenas, sólo sabían que era en la comuna de San Fernando, en un campo de uva de exportación. Nunca llegaron a su destino.
Tras el accidente, la ciudadana boliviana J.A. (quien pidió reserva de su identidad), 29 años, con residencia legal en el país y tres temporadas de experiencia en el campo chileno, debió ser rescatada por bomberos entre los fierros, marcando el inicio de una ruta de abuso laboral y abandono institucional.
Pese a tener una capacidad máxima de 12 personas—comenta la joven—, el vehículo viajaba con exceso de pasajeros, algunos «sentados encima de otras personas», añadiendo que el volcamiento ocurrió cuando el chofer intentó manipular su teléfono: “por buscar su celular fue que perdió el equilibrio… no pudo controlar el furgón”.
El siniestro dejó a J.A. con lesiones graves en ambas piernas y una recuperación prevista de al menos tres meses, justo en la época donde más rinde su trabajo, cuyas remesas envía a su país para mantener a sus tres pequeñas hijas.
Hasta el incidente, su experiencia con los contratistas encargados de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y seguridad laboral siempre fue positiva, sin embargo, en este caso la respuesta del responsable fue de absoluta evasión. “No se apareció. Yo que sepa, he preguntado a los otros, igual… O sea, no apareció por nada, no fue a ningún hospital. Nos dejó botados en la calle, literal”, denuncia la trabajadora.
“Nosotros no somos animales, somos seres humanos, si hubiéramos muerto ese día en el accidente…” desliza J.A. entre lágrimas, embargada por la impotencia pero también indignación.
Pese a que la legislación chilena tipifica el hecho como un accidente del trayecto con cobertura obligatoria (seguro social de la Ley 16.744), falencias en el modelo de subcontratación bloquearon la fiscalización. Tras acudir a la oficina de la Inspección del Trabajo en la comuna de Rengo donde reside, el trámite quedó paralizado debido a la traba burocrática de que —según le señalaron— no contaba con el RUT del contratista ni el nombre del predio de destino del mandante, ya que, como se mencionó más arriba, todo se iba a materializar llegando a la faena. «Era nuestro primer día, ¿cómo íbamos a conocer el fundo?», denuncia la víctima, recalcando que el teléfono de contacto ya no responde, acarreando una indefensión total.
Actualmente, la trabajadora permanece inmovilizada en Rengo y sin ingresos para pagar su arriendo, subsistiendo gracias al auxilio de sus compatriotas y la atención del Hospital de Rengo, donde reconoce y agradece una atención médica muy cercana y profesional, tras las dos operaciones que han salvado sus extremidades.
Su inmovilidad cortó el dinero para sus hijas en Bolivia —incluida una bebé de dos años— y pone en riesgo su rehabilitación. «Ahorita lo que más necesito es ayuda para poder seguir yendo a mis curaciones. No quiero que se me infecten mis rodillas, y para poder tener que comer, digamos… para volver a mi país necesito dinero también», concluyó.
Consultados sobre el caso, desde la Dirección del Trabajo confirmaron que el caso ya está bajo fiscalización en San Vicente y advirtieron duras sanciones si se constatan infracciones. Además, desde el organismo anunciaron que desde mediados de noviembre desplegarán un programa de inspecciones en terreno en O’Higgins para frenar la precarización en la temporada agrícola.
