Representantes del transporte público rural y urbano de la zona, acompañados por la empresa de recaudo Bipay, denunciaron una compleja crisis derivada de la falta de fiscalización en el uso del sistema de pago electrónico implementados en los buses del transporte mayor de pasajeros.
Los gremios advierten que la situación está generando un grave forado financiero que pone en riesgo la continuidad de los recorridos.
José Nova, presidente de la Federación Rural de Transporte —que agrupa al servicio de comunas como Coltauco, Machalí, Coinco, San Francisco de Mostazal y Graneros—, explicó que la tecnología ha facilitado el servicio y el uso de beneficios como la TNE y la tarifa adulto mayor, pero advirtió sobre el panorama actual: «Hoy día nadie está fiscalizando este sistema. Entonces, lo que venimos hoy día a plantear es la necesidad que tenemos de parte de la SEREMI regional de Transportes de mayor fiscalización a los pasajeros para que utilicen este sistema de recaudo electrónico».
Nova alertó que «hoy día tenemos un alto nivel de evasión, la gente no se siente forzada a ocupar el sistema, busca otro sistema de pago que obviamente nos están perjudicando», advirtiendo además que con un petróleo sobre los 1.600 pesos, esta situación «lo que va a provocar, si se mantiene, es que nuestros servicios se van a disminuir».
Por su parte, Waldo Quiroz, presidente de la Federación Urbana del Transporte Mayor, ratificó que el problema también golpea a los recorridos urbanos tras más de un año de funcionamiento del sistema, planteando que, junto con modernizar y mejorar el estándar del transporte público, la idea siempre fue “profesionalizar esta actividad, básicamente para que los costos disminuyan”.
Quiroz aclaró que el conflicto no radica únicamente en una evasión tradicional, sino en la pérdida de recursos por pagos directos en efectivo que realizan los usuarios al conductor: «Esto pasa del 6% al 10%, al 15%, hasta el 20% de desvío de dinero, y eso tenemos que frenar, para poder nosotros bajar esa pérdida que estamos teniendo todos los días”.
Sobre medidas de control en los recorridos, el dirigente recalcó que “legalmente no la podemos hacer (fiscalización), así que el Estado es el que tiene que ayudarnos en eso, y ahí la autoridad máxima que es el seremi de Transportes, tiene que dar una directriz y desarrollarlo”, solicitando medidas similares a las aplicadas en Santiago.
Desde la vereda tecnológica, Gonzalo Cutiño, gerente de operaciones de la empresa de recaudo Bipay, señaló que han cumplido con disponer de los validadores a bordo de las máquinas destacando su permanente y activa participación en mesas de trabajo conjuntas para «poder aumentar la recaudación como tal», enfatizando que también es necesario «fomentar la red de carga física».
De esta manera, los gremios mantendrán las puertas abiertas al diálogo sin descartar otras medidas de presión a la espera de una respuesta formal de la autoridad regional de transportes.
