El tradicional centro turístico Termas del Flaco, ubicado a 79 kilómetros al oriente de San Fernando, permanece virtualmente bloqueado a la altura del kilómetro 20, aproximadamente a un kilómetro del puente El Chorro y cerca de la subida a la hidroeléctrica. Tras la resolución 514 del 15 de julio, aún vigente, se autorizan operaciones industriales en la zona para que transiten con normalidad, sin embargo, la Delegación Presidencial mantiene un perímetro de cierre restrictivo que impide el libre acceso de comerciantes y residentes en el balneario termal.
Frente a esta aparente falta de voluntad política para buscar soluciones equitativas, y ante el silencio de los dirigentes formales del sector quienes han evitado emitir declaraciones públicas por temor a desacuerdos con el Ejecutivo, los locatarios e independientes han comenzado a organizarse para visibilizar la gravedad de un confinamiento que consideran injustificado.
Un golpe demoledor al empleo en medio de cifras históricas de cesantía
Esta parálisis impuesta por la autoridad representa un severo impacto socioeconómico para San Fernando y todo Alto Colchagua, zona donde el turismo cordillerano y la agricultura constituyen los principales motores del desarrollo. La medida resulta especialmente crítica al contrastarse con la realidad regional: según el último Boletín de Empleo del INE, la tasa de desocupación en O’Higgins se disparó de forma alarmante a un 10,9% en el trimestre móvil julio-septiembre, evidenciando una profunda crisis laboral.
Según datos aportados por Roberto Zapata, comerciante de las Termas del Flaco, en el balneario operan habitualmente 33 residenciales. Cada una requiere un mínimo obligatorio de 3 a 4 trabajadores, a lo que se suman las familias que residen y emprenden en el lugar. En total, el sector genera más de 300 empleos directos y activa una extensa cadena comercial indirecta.
Por ello, la comunidad no comprende la rigidez de la Delegación que mantiene literalmente «confinado» el balneario en lugar de impulsar medidas proempleo. El perjuicio trasciende la cordillera y golpea directamente a la economía local de San Fernando: frena el flujo de pasajeros en el Terminal de Buses y ahoga a los comercios de Puente Negro, paso obligado donde los visitantes adquieren suministros antes de ascender.
Inacción gubernamental, retrasos y falta de respuestas concretas
La urgencia más apremiante de los afectados es la imposibilidad de acceder a sus instalaciones para evaluar y reparar los daños provocados por las lluvias estivales e invernales. Tradicionalmente, los trabajos de mantenimiento comienzan en septiembre para llegar a punto a la temporada estival. Sin embargo, debido a las restricciones, estas labores registran un retraso crítico que deviene en pérdidas irreparables para familias cuyo sustento anual depende de estos meses de apertura.
Los comerciantes denuncian una actitud pasiva y desinteresada por parte de la Delegación Presidencial. Las autoridades se han limitado a responder de manera evasiva que la situación se encuentra «en evaluación», sin entregar plazos concretos ni fijar una fecha estimada de apertura (como fines de noviembre) que permita planificar el trabajo.
La exigencia de un plan de contingencia y visión proempleo
Si bien los locatarios reconocen los riesgos naturales inherentes a la alta montaña, denuncian que la única respuesta del Gobierno ha sido la parálisis total y el bloqueo al sector más vulnerable. En lugar de diseñar e implementar un plan de emergencia y contingencia integral, la autoridad ha optado por la vía del cierre definitivo.
Comerciantes de larga trayectoria, hacen un llamado urgente a conformar mesas de trabajo con la autoridad para establecer protocolos de seguridad adaptados a los recursos actuales. En la actualidad, el balneario cuenta con conectividad a internet, lo que permite monitorear alertas meteorológicas y gestionar emergencias con tecnología en tiempo real sin necesidad de clausurar el recinto.
Ante la creciente cesantía que golpea a San Fernando y sus alrededores, los vecinos exigen a la Delegación Presidencial un giro en sus prioridades: asumir una postura de fomento al empleo y reactivación económica, en lugar de mantener clausurado el balneario turístico más importante de la Provincia de Colchagua.
