Un tribunal civil capitalino condenó al abogado Arturo Correa Cuevas a pagar $280 millones a tres exclientes afectados por los megaincendios forestales de 2017 en la Región de O’Higgins, tras concluir que cerró acuerdos con CGE sin su autorización, además reteniendo para si la mitad de lo pagado.
La sentencia de primera instancia del 11° Juzgado Civil de Santiago ordena restituir $150 millones a Rodolfo Förster y su empresa, $80 millones a Raúl Cabello y $50 millones a Luis Riveros, con reajuste por IPC e intereses, además del pago de las costas del juicio.
El tribunal acreditó —tras la exhibición documental, fotográfica y audiovisual—, que los daños en los predios de Marchigüe y Peralillo fueron reales.
Aun así, el 30 de abril de 2019 Correa firmó transacciones con CGE por montos muy inferiores a los demandados, con rebajas de entre 70% y 85%, según el fallo. En el caso de Förster, quien reclamaba más de $2.000 millones, el acuerdo se cerró en $300 millones.
Según la sentencia, el abogado “no informó previamente a sus clientes sobre los montos específicos del acuerdo ni obtuvo su autorización previa e informada, presentándoles la transacción como un hecho consumado e irreversible” al entregarles los vales vista entre mayo y julio de 2019.
El pago se estructuró de modo que CGE entregó la mitad a los clientes y la otra mitad directamente a Correa, mediante un finiquito del 3 de julio de 2020. El tribunal concluyó que el abogado retuvo ese 50% como honorarios sin rendir cuentas ni justificar el cobro. Por ello resolvió los contratos de servicios profesionales y los mandatos judiciales por incumplimiento grave, y calificó su actuación como una infracción a los deberes de lealtad y diligencia, en conflicto de intereses con sus clientes.
Por su lado, CGE fue absuelta ya que el tribunal estimó que no se probó mala fe ni connivencia de la empresa, que actuó amparada en los mandatos que le exhibió el abogado.
La defensa de Correa sostiene que los clientes conocían y autorizaron los cobros, que lo condenaron por un motivo distinto al discutido en el juicio y que apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El caso se originó en el acuerdo de 2019 en que, según reveló BioBioChile, CGE pagó $5.000 millones para cerrar demandas de 14 afectados, monto del cual Correa recibió $2.500 millones en honorarios, más $370 millones por acuerdos ambientales con los municipios de Marchigüe y Paredones, totalizando $2.870 millones.
En paralelo, la Fiscalía investiga posibles delitos de administración fraudulenta, prevaricación y delitos tributarios, y el Servicio de Impuestos Internos presentó en 2025 una querella con un perjuicio fiscal estimado en $1.367 millones, imputaciones que Correa ha rechazado.






