Lo que comenzó como la revisión interna por inconsistencias financieras terminó desencadenando una grave crisis institucional en la Municipalidad de Placilla. Según informaciones trascendidas, el profesional habilitado de contabilidad del Departamento de Salud con más de ocho años de trayectoria habría sido separado de sus funciones tras detectarse presuntas transferencias directas de recursos públicos a su cuenta bancaria personal.
El impacto del caso escaló de inmediato a las esferas directivas. En paralelo, la administración municipal habría resuelto apartar de su cargo al Director de Administración y Finanzas (DAF) de la municipalidad, sobre quien también pesan sospechas de participación o negligencia grave en los hechos.
Perjuicio de hasta $300 millones
Las maniobras de sustracción no serían un hecho aislado, sino una operación continuada que se gestaba a través de presuntas irregularidades en un convenio suscrito con laboratorios de la zona.
En una sesión extraordinaria y de carácter reservado del Concejo Municipal, se expuso la magnitud de la brecha financiera. Las estimaciones preliminares sobre el perjuicio fiscal oscilan entre los 170 y los 300 millones de pesos desviados desde las arcas de la Salud Municipal, cifras que encendieron todas las alarmas sobre el resguardo de la fe pública.
El escándalo expone un severo cuestionamiento a los mecanismos de control, inspección y auditoría interna del municipio. El flujo de aprobación de los pagos requería la validación en cadena de múltiples estamentos: desde la Jefatura del Departamento de Salud y la Tesorería Municipal, hasta el Director de Finanzas y la firma final del alcalde. Sin embargo, la fuga sistemática de fondos no fue advertida formalmente por ninguno de los validadores durante más de dos años.
Acciones judiciales y diligencias inminentes
Tras el avance de los sumarios administrativos y las primeras pruebas del desvío, el alcalde de Placilla, Marcelo González Farías, formuló la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Actualmente, los peritajes se concentran en auditar con precisión el monto definitivo del perjuicio y fijar el grado de responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios que visaron los decretos y transferencias. En los próximos días, el Ministerio Público debería iniciará formalmente la investigación judicial, previéndose las primeras órdenes de entrada y registro, incautación de documentos, citaciones a declarar e incluso probables órdenes de detención para los principales involucrados.
