El jefe de la sede O’Higgins del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), David Bahamondes, no oculta su inquietud ante las reformas presupuestarias y legales en discusión para 2027 que tocan al organismo.
El proyecto del Ejecutivo busca reducir su Consejo Directivo a cinco integrantes, eliminar la facultad de presentar querellas criminales, fijar su domicilio exclusivamente en Santiago y restringirlo a un ente consultor.
Según la Dirección de Presupuestos, el ahorro fiscal el ahorro fiscal proyectado de $3.720 millones anuales se financia reduciendo el 70% de los abogados de la unidad de protección. “Por vía de recorte presupuestario el cálculo es que prácticamente el INDH no va a seguir operando en las regiones”, advierte Bahamondes.
A pesar de las críticas y prejuicios que reducen la labor del INDH a una contienda con las fuerzas policiales o una supuesta parcialidad en la defensa de ciertas agrupaciones o sectores, su importancia está en el contrapeso jurídico e institucional frente a las arbitrariedades, abusos o negligencias del Estado y sus funcionarios: “los derechos humanos pertenecen a todos, no son particulares de un grupo de personas, no son un tema ideológico”, explica Bahamondes.
En materia de orden público, descarta que la seguridad y los derechos humanos sean divergentes, y destaca las “jornadas formativas que la sede regional ha impartido junto a Carabineros para orientar a inspectores y guardias municipales” y evitar que sobrepasen sus atribuciones legales.
El abogado y experto en Derecho Constitucional enfatiza que “la seguridad no está reñida con los derechos humanos, por el contrario, es un derecho y habilita para el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos que tiene el Estado”. Bajo esa lógica, advierte que un procedimiento que vulnera garantías termina invalidando las pruebas en tribunales, por lo que el resguardo de los derechos no debilita la persecución del delito, sino que la fortalece.
Sin entrar en detalles por resguardo legal a las víctimas, la realidad en O’Higgins demuestra que el INDH fundamenta su existencia en la defensa de personas en extrema vulnerabilidad o bajo la custodia directa del Estado.
Como querellante, el organismo ha logrado en la zona sentencias históricas en causas invisibilizadas por “trata con fines de esclavitud, explotación sexual y trabajo forzado”, además de mantener acciones penales vigentes por apremios ilegítimos contra menores en recintos escolares y fiscalizar establecimientos de adultos mayores (ELEAM).
Esta gestión no puede ser sustituida por la Fiscalía, cuyo mandato se enfoca en la persecución general de delitos comunes entre particulares, de que ahí la particularidad del INDH radica en fiscalizar la responsabilidad del Estado y de sus propios funcionarios cuando abusan de sus facultades contra cualquier persona, o como lo sintetiza Bahamondes, “los derechos humanos funcionan como un límite al poder absoluto y una garantía de funcionamiento de un sistema democrático”.
