La más reciente fiscalización efectuada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) confirmó la consolidación de una política de apertura sin precedentes en la Municipalidad de Chimbarongo. En su evaluación correspondiente al año 2026, la administración local obtuvo un sobresaliente 91,41% de cumplimiento en Transparencia Activa, marcando un hito en la gestión pública comunal y superando definitivamente la barrera del 90%.
Este resultado no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso técnico riguroso y sostenido en el tiempo. La trayectoria institucional refleja una curva ascendente constante: tras registrar un 89,88% en 2024 y un 89,73% en 2025, el municipio logró dar el salto cualitativo que hoy lo posiciona como un referente en rendición de cuentas a nivel regional y nacional.
Más allá de los porcentajes y los indicadores técnicos, este avance se traduce en un beneficio tangible y directo para el día a día de la comunidad. En la actualidad, cualquier vecino o vecina de Chimbarongo cuenta con la garantía de acceder de forma expedita a la información administrativa, financiera y operativa del municipio. Mediante mecanismos digitales al alcance de un clic, la ciudadanía puede solicitar y recibir directamente en su correo electrónico antecedentes clave como contrataciones, presupuestos anuales, licitaciones públicas y el estado de avance de los proyectos de infraestructura que impactan a sus barrios.
Al respecto, el alcalde Marco Contreras Jorquera destacó el significado de este logro para la probidad local, “Todos los requerimientos sobre el funcionamiento administrativo, contable, proyectos e infraestructura están respaldados e informados como corresponde. Este aumento del 91,41% lo tomamos con mucha responsabilidad, porque nos hemos preocupado de que la información sobre cómo funciona la municipalidad esté siempre disponible para el público. Trabajar con transparencia es, fundamentalmente, adquirir un compromiso de cara a la comunidad”.
Con este hito, Chimbarongo consolida el acceso a la información pública no como un mero trámite legal, sino como un derecho ciudadano garantizado que fortalece la confianza en el uso de los recursos de todos.
