Prodemu tiene fecha de término. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla recursos para mantener su funcionamiento solo hasta el 31 de marzo del próximo año, abriendo un proceso que golpea directamente a sus trabajadores y que, en O’Higgins, pone el foco sobre el futuro de las mujeres que participan en sus programas.
La propuesta destina cerca de $8.372 millones a la fundación, pero el dinero no está pensado para asegurar su continuidad durante el siguiente año. Los recursos también podrán financiar su liquidación y disolución, incluyendo indemnizaciones, honorarios legales y contables, pago de deudas y otras obligaciones asociadas al cierre.
Para los funcionarios, la noticia llegó de golpe. Fabiola Cayla, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Prodemu, aseguró que recién al revisar la partida presupuestaria conocieron el destino que tendrían los recursos. “Fuimos muy sorprendidos el día lunes, cuando se libera la Ley de Presupuestos y revisamos la partida 27, viendo que teníamos presupuesto solo para cerrar, no para la continuidad”.
El malestar se profundizó por lo que, según la dirigenta, se les había comunicado durante las semanas anteriores. “La ministra nos ha mentido, no nos ha recibido. En septiembre se nos dijo que veníamos con un presupuesto de alrededor de $9.500 millones, pero nunca se nos dijo que esos recursos estaban destinados para un cierre”.
En O’Higgins, las cifras permiten dimensionar parte del alcance de la medida. El programa rural de Prodemu partió el año con una proyección de 175 mujeres distribuidas en 25 grupos, mientras que actualmente la intervención bordearía las 100 participantes. Un trabajo que adquiere especial relevancia en sectores rurales y localidades apartadas, donde la presencia territorial de la fundación ha sido parte central de su labor.
El cierre también tiene una dimensión laboral. A nivel nacional, son 380 las familias vinculadas a quienes trabajan en la institución y, según el sindicato, la mayoría corresponde a mujeres jefas de hogar. “Somos 380 familias trabajadoras de Prodemu y el 90% somos mujeres jefas de hogar”, asegura Fabiola.
Frente a estas críticas, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de O’Higgins, Carla Morales, aclaró que una Ley de Presupuestos no puede por sí misma cerrar una fundación privada, sino que lo que termina son los convenios de Prodemu con el ministerio. La decisión sobre su continuidad jurídica, explicó, dependerá de su directorio.
Respecto al futuro de las usuarias, desde el Gobierno aseguran que la atención continuará a través de otros programas públicos.
“La transición contempla medidas concretas para asegurar la continuidad de los programas e intervenciones. Las mujeres que actualmente participan en estos programas serán derivadas a la oferta pública de acuerdo con sus necesidades y características, y se contempla un seguimiento de su atención”, aseguró la seremi de la cartera.
Sin embargo, es precisamente en ese punto donde chocan ambas miradas. Mientras el Gobierno plantea que las mujeres podrán seguir recibiendo atención, el sindicato cuestiona que trasladar las intervenciones a otros organismos permita reemplazar el modelo de acompañamiento que Prodemu ha desarrollado en los territorios. “Nosotros no solo entregamos capacitación, acompañamos sus procesos. Tenemos un enfoque de género y un enfoque territorial”. sostuvo la dirigenta sindica.
La controversia también llegó al Congreso. La senadora Alejandra Sepúlveda cuestionó la decisión y la vinculó con el término del convenio INDAP-Prodemu, dirigido especialmente al trabajo con mujeres rurales.
“Algo está pasando con nosotras las mujeres y el presupuesto de la nación. Porque, primero, se termina con el convenio INDAP-PRODEMU (…) pero hoy día, además y peor, se termina con el PRODEMU”.
Según planteó la parlamentaria, la fundación atiende a más de 50 mil mujeres al año en el país, lo que amplía la preocupación por el alcance de la medida.
Así, con marzo marcado como límite para los recursos provenientes del ministerio, el futuro de Prodemu abre dos interrogantes en O’Higgins: cómo se garantizará la continuidad del acompañamiento a las mujeres, especialmente en sectores rurales, y qué ocurrirá con las trabajadoras que hasta ahora sostenían esa atención en los territorios.
