La crisis política generada por las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores sumó este lunes un nuevo capítulo. Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast decidió cerrar filas con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartando cambios en el gabinete y anunciando una batería de medidas destinadas a impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
En una declaración pública, el Mandatario sostuvo que “el Estado les falló” a las víctimas y aseguró que el Gobierno optó por enfrentar el problema en lugar de limitarse a buscar responsabilidades políticas inmediatas. En esa línea, confirmó la suspensión total de la tramitación de rebajas de condena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores y anunció una revisión individual de cada uno de los decretos ya dictados.
“Estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales y administrativas que nos permitan revisar estas decisiones”, afirmó el jefe de Estado, quien además adelantó el envío de un proyecto de ley que establezca de manera expresa que quienes abusen o violen a niños, niñas y adolescentes no puedan acceder a este tipo de beneficios penitenciarios.
La polémica estalló la semana pasada luego de conocerse que entre marzo y septiembre se dictaron 56 decretos de rebaja de condena, beneficiando a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. El caso generó cuestionamientos tanto desde sectores oficialistas como de oposición, además de organizaciones de víctimas y especialistas en infancia.
El debate también alcanzó a la Región de O’Higgins. Entre los beneficiados figura un médico condenado en 2022 por cuatro delitos de abuso sexual contra pacientes durante atenciones médicas en las comunas de Pichidegua y San Vicente. Su inclusión en la nómina reforzó el impacto regional de una controversia que se instaló en la agenda nacional.
Consultadas por este medio, las secretarías regionales ministeriales de Justicia y de Gobierno declinaron referirse al asunto, debido a que fue el Ejecutivo quien fijó la postura final del tema con declaraciones desde La Moneda.
El caso del médico de O’Higgins
El médico, Iván Saavedra Suárez, fue condenado en octubre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua a seis años de presidio efectivo por cuatro delitos de abuso sexual cometidos contra pacientes durante atenciones de salud. El es parte de la lista de 56 condenados que recibieron rebaja de condena.
Los hechos ocurrieron mientras trabajaba en el Centro Médico de Pichidegua y en el Cesfam de San Vicente. Durante el juicio oral, el tribunal dio por acreditado que el profesional realizaba tocaciones indebidas a mujeres mientras se encontraban en atención médica al interior de los boxes de consulta.
El caso tomó notoriedad pública luego que una de las víctimas relatara su experiencia a través de redes sociales. Tras ese testimonio comenzaron a surgir nuevas denuncias que posteriormente fueron investigadas por la justicia.
Saavedra había sido detenido en 2018 en Concepción, donde permanecía oculto en el domicilio de familiares tras una intensa búsqueda desarrollada por la Policía de Investigaciones.
