El proyecto del Mercado Municipal de Abasto, concebido bajo el modelo tradicional de la feria libre de Manso Velasco, avanza en su infraestructura pero pierde legitimidad social debido a decisiones tomadas a puertas cerradas, al margen de los actores comunitarios.
La génesis de este traslado se remonta a julio de 2025, cuando la administración municipal de San Fernando inició las gestiones para un contrato de arrendamiento que se concretó el 1 de septiembre del mismo año, tras aprobarse por mayoría no por unanimidad en el Concejo Municipal. El acuerdo asegura el uso del predio hasta marzo de 2029.
Sin embargo, detrás del optimismo oficial se esconden graves grietas contractuales. El convenio no contempla cláusulas para una futura compraventa y los propietarios privados mantienen la total libertad de vender el inmueble a terceros en cualquier momento. Esta desprotección legal colisiona con el patrimonio público: la municipalidad ya ha destinado entre 130 y 140 millones de pesos mediante licitaciones públicas, sumado a inversión en infraestructura realizada con recursos y personal propio.
Al respecto, el ingeniero civil independiente y consultor de proyectos, Luis Orellana, advierte sobre el altísimo riesgo financiero de la operación: «A mí me da la impresión de que el contrato no resguarda esa inversión. Si el contrato se termina o se pide el terreno, todo lo edificado queda en beneficio de los dueños privados.»
La exclusión deliberada de vecinos y comerciantes
El verdadero talón de Aquiles de este proyecto no radica en su estándar constructivo interior, sino en el nulo espacio otorgado a la participación ciudadana.
El municipio no ha realizado consultas, encuestas ni mesas de trabajo con los vecinos, así como tampoco ha integrado la visión de instituciones colindantes clave, como colegios y centros de salud.
La exclusión también alcanzó al gremio del transporte menor y mayor. La accesibilidad física presenta falencias operacionales severas. Según explica Orellana:
«Tienes que ir a darte la vuelta a la rotonda y devolverte para ingresar correctamente. Si no se resuelve, terminará en un desorden terrible.»
A ello se suma la intransitabilidad del acceso norte por la calle Maturana (continuación de Bernardo O’Higgins), calificado actualmente como un «barreal». Aunque los datos de caracterización vial indican que el 69% de los usuarios de la feria actual se desplaza en vehículos particulares o locomoción colectiva, el recinto se ubica en una vía de solo dos pistas sin bahías de estacionamiento habilitadas. Se ignora, además, a la alta proporción de usuarios que acude a pie, lo que augura un inminente conflicto operativo.
El impacto humano más crítico recae en los trabajadores de la feria. La nueva ordenanza municipal estipula que, con la apertura del Mercado de Abasto, se erradicará definitivamente la tradicional feria de Manso Velasco, autorizando de forma «teórica» solo 50 puestos transitorios de frutas y verduras los días sábados en el sector antiguo.
El consultor Luis Orellana subraya que erradicar por decreto una masa social de más de 500 comerciantes informalizados no elimina el problema, sino que lo desplaza. La falta de diálogo preventivo impedirá articular una solución real, la cual debió nacer de reuniones entre las autoridades y las organizaciones de la comunidad.
Gobernanza por decreto
La ausencia de canales participativos llevó el conflicto a la Corte de Apelaciones. Frente a los recursos de protección presentados por los feriantes, la defensa jurídica de la municipalidad sostuvo que, «al no existir un acto administrativo definitivo, nada indica que la feria se vaya a cambiar». Esta estrategia legal posterga la discusión hasta la firma del decreto final, bloqueando cualquier opción de apelación comunitaria en la fase de diseño.
Esta metodología de gestión pública es calificada por Orellana como un estilo autoritario: «Aquí se gobierna por decreto o se gobierna por la vía de la participación ciudadana. Todo indica que aquí se optó por el decreto, lo cual se contrapone totalmente a la democracia local».
Esta desconexión técnica se evidencia en el ámbito normativo: mientras se planea el ingreso de camiones de alto tonelaje por la calle El Cóndor, la propia municipalidad mantiene señalética en el sector que prohíbe el tránsito de vehículos de más de 5 toneladas.
Gobernar mediante resoluciones unilaterales e ignorar el consenso social convierte a este proyecto en un foco de incertidumbre institucional.
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