En el marco del reciente desayuno de coyuntura económica organizado por El Tipógrafo en el Hotel Mar Andino de Rancagua, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) O’Higgins expuso el estudio «El Costo de No Ejecutar: Empleo e Inversión en O’Higgins», documento en que profundiza la visión del sector privado sobre el impacto de los dilatados procesos de tramitación administrativa en la actividad productiva y el mercado laboral de la zona.
Las cifras arrojan un panorama complejo para la región, con una desocupación del 10,4% —equivalente a 51.293 personas sin trabajo— y una informalidad del 30,3%. En este escenario, la construcción abarca 33.248 ocupaciones directas en la zona, de acuerdo a datos entregados por la CChC.
Frente a este diagnóstico, el informe gremial plantea que, si se destrabara la cartera de proyectos analizada, la economía regional podría absorber hasta 2.366 trabajadores adicionales, permitiendo reducir la tasa de desempleo local a un 9,92%.
El levantamiento realizado entre empresas socias de la CChC identificó nueve iniciativas habitacionales que registran retrasos en sus etapas de tramitación. Esta cartera abarca 915 soluciones habitacionales e involucra una inversión de 1,6 millones de UF.
De acuerdo con el reporte privado, las demoras en observaciones de Serviu y Minvu, la firma de convenios para factibilidad de agua potable o la regularización de terrenos han provocado la postergación de compras e inversiones, con un impacto de 510 empleos no concretados en iniciativas que se distribuyen en Paredones, Machalí, Olivar, Santa Cruz, Pichilemu, San Vicente de Tagua Tagua, Graneros y Litueche, bajo programas de subsidio como el DS49, DS19 y DS10.
Por su parte, en el ámbito de infraestructura vial, el informe alude a obras públicas de gran escala como las Terceras Pistas del Bypass Rancagua y tramos de la Concesión Ruta 66 (Carretera de la Fruta), los cuales avanzan en sus respectivas evaluaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
De esta manera, el debate en torno a la «permisología» refleja una tensión permanente entre la urgencia de reactivación económica y la necesidad del Estado de garantizar estándares técnicos, ambientales y de seguridad, en que los procesos de revisión previa buscan prevenir impactos ambientales no mitigados, problemas de factibilidad hídrica o deficiencias estructurales en los desarrollos urbanos.
Para abordar esta encrucijada, la promulgación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N° 21.770) busca reducir los plazos de tramitación y simplificar procesos en más de 30 organismos públicos, promoviendo el uso de plataformas unificadas y esquemas de fiscalización posterior para proyectos de menor riesgo.
Desde el sector privado, insisten en la urgencia de acelerar la implementación regional de estas herramientas, buscando el punto de equilibrio entre la rigurosidad normativa y su impacto social y económico entre las familias de O’Higgins.
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