Una investigación iniciada en febrero de este año por la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una estructura criminal que operaba principalmente en el sector nororiente y el casco histórico de Rancagua, vinculada a homicidios ocurridos durante 2025 y 2026.
El procedimiento, denominado “La Purga”, contempló el allanamiento de 187 domicilios y 15 órdenes de detención, además de un despliegue de más de 500 funcionarios policiales provenientes de distintas regiones del país. De acuerdo con el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, la operación dejó 21 personas detenidas, además de la incautación de armas, municiones y drogas.
La investigación estableció que la organización tenía como actividad base el tráfico de drogas y que, a partir del control territorial, habría desarrollado una estructura destinada a resolver conflictos mediante homicidios por encargo.
Según explicó Cubillos, la banda contaba con sicarios de nacionalidad extranjera, principalmente colombianos y venezolanos, quienes habrían participado en la ejecución de los ataques. En tanto, el líder de la organización sería un ciudadano chileno que llevaba varios años dedicado al tráfico de drogas.
Entre los hechos que actualmente son relacionados con esta estructura se encuentran tres homicidios consumados y dos homicidios frustrados. Uno de estos últimos corresponde al ataque registrado al interior de la Parroquia Divino Maestro, mientras que otro de los casos investigados corresponde al homicidio ocurrido en calle Rubio, donde la víctima era de nacionalidad colombiana.
El jefe de la Región Policial de O’Higgins de la PDI, prefecto inspector Julio Caro Barrera, detalló que los allanamientos se concentraron en dos sectores de la capital regional.
“Más de 180 inmuebles fueron allanados por personal de la institución en búsqueda de personas que eran blancos de investigación”, señaló, precisando que la investigación estuvo enfocada principalmente en homicidios, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.
El líder de la organización también habría contado con personas encargadas de su protección y seguridad, además de integrantes destinados al almacenamiento de armas y drogas. Esta estructura permitió a la banda mantener distintos puntos de venta de sustancias ilícitas en el sector nororiente y el centro de Rancagua.
De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes extranjeros que cumplían funciones como sicarios se encontraban en situación migratoria irregular y los antecedentes recopilados indican que llevaban operando en la ciudad desde hace varios años.
El fiscal regional explicó que el caso de la Parroquia Divino Maestro entregó nuevos antecedentes, aunque la investigación ya se encontraba en desarrollo desde febrero. “Ese hecho nos proporcionó antecedentes, pero veníamos trabajando desde el mes de febrero”, indicó Cubillos, agregando que los homicidios ocurridos previamente en Rancagua permitieron construir la investigación sobre la organización.
La Fiscalía también informó que algunos de los autores materiales de los homicidios ya habían sido detenidos en procedimientos anteriores y que, durante “La Purga”, se concretó la detención del líder, a quien atribuyen responsabilidad intelectual en los hechos investigados.
Uno de los objetivos posteriores será recuperar el territorio donde operaba la organización. Cubillos sostuvo que el crimen organizado había adquirido un nivel de control territorial que terminó afectando la presencia del Estado en el sector.
“Lo que quiere hacer esta investigación es recuperar el sector, sacar, extraer a esta organización y, en definitiva, darle tranquilidad a las personas que viven en él”, señaló.
La delegada presidencial de O’Higgins, Susana Pinto, reconoció que el sector nororiente enfrenta desde hace años una situación marcada por la ausencia de servicios y presencia estatal. Tras el operativo, anunció coordinaciones con distintas instituciones para reforzar la presencia pública en la zona.
Desde el municipio de Rancagua, el alcalde Raimundo Agliati planteó que la intervención policial representa un primer paso y que ahora se requiere un trabajo interinstitucional para evitar que el espacio vuelva a ser ocupado por organizaciones criminales.
El jefe comunal adelantó que el municipio buscará reforzar la iluminación, recuperar espacios públicos y colaborar en la intervención de viviendas vinculadas judicialmente al procedimiento. También planteó la posibilidad de que inmuebles recuperados puedan ser administrados por el Ministerio de Vivienda para evitar que vuelvan a ser utilizados por grupos delictivos.
La Fiscalía, en tanto, confirmó que la investigación continúa abierta y que no se descarta establecer la participación de la organización en otros homicidios ni avanzar en otras líneas investigativas, incluida una eventual existencia de vínculos de corrupción.
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