La presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcela de Orúe, reconoció la preocupación del Poder Judicial por los resultados de la última encuesta Cadem, que muestra un 75% de evaluación negativa y un 83% de desconfianza hacia la institución a nivel nacional.
“Las cifras dadas a conocer por la encuesta Cadem nos preocupan, porque son señales que debemos tomar en cuenta para continuar con mayor fuerza las acciones”, afirmó la jefa de la jurisdicción, quien planteó que el desafío no sólo está en entregar una justicia accesible, oportuna, ética y transparente, sino también en que esas características sean percibidas por la ciudadanía.
De Orúe estableció también un elemento de contexto sobre los resultados de la medición: “menos de un 30% de los encuestados se ha relacionado con los tribunales de justicia”, por lo que, a su juicio, gran parte de las respuestas responderían a la impresión que existe sobre el Poder Judicial y no necesariamente a una experiencia personal.
Respecto del 82% que considera que la justicia no asegura igualdad ante la ley, la presidenta de la Corte de Rancagua destacó: “es nuestro deber ser independientes, imparciales, y tomar las decisiones conforme a derecho”.
La encuesta también señala que un 67% responsabiliza directamente a los jueces por el mal funcionamiento de la justicia. Frente a esta afirmación, De Orúe reconoció que existen dificultades vinculadas a la capacidad del sistema para responder al aumento de causas.
“Los tribunales han mantenido el número de jueces, especialmente en materia Civil, lo que evidentemente enlentece los procesos”, explicó, detallando que no es posible que “el mismo número de magistrados vean en el mismo tiempo un 300% o más de juicios”, apuntando directamente a la carga de trabajo que debe manejar el tribunal de alzada.
En el caso de O’Higgins, agregó que la Corte de Apelaciones de Rancagua mantiene siete ministros desde hace más de tres décadas, pese al incremento de los litigios: “en 1994 la Corte de Apelaciones de Rancagua aumentó sus salas de 1 a 2 y desde ese entonces, es decir, hace más de 34 años se han mantenido sólo 7 ministros para conocer todos los litigios que se promueven en la región”. Para enfrentar el rezago, la Corte instauró por segundo año consecutivo una Cuarta Sala Civil Extraordinaria, destinada a revisar causas pendientes.
En materia penal, también se han habilitado salas extraordinarias para aumentar la cantidad de juicios, incluso en Rancagua la Corte debió facilitar su auditorio al Tribunal Oral para disponer de un espacio adicional para las audiencias. Ante esta falta de infraestructura, señala categórica que “si no hay salas extras no se pueden realizar más juicios, aunque los jueces estén dispuestos a duplicar su jornada laboral.”
A estas medidas, se suman las capacitaciones en atención de público, protocolos para mujeres víctimas de violencia de género y la “aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, cuyo piloto se efectuó en el Primer Juzgado de Letras de Rengo”, acota la magistrada, sumado a las actividades de vinculación con los colegios y universidades de la zona.
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