«Un rayo genera de 100 millones a 1.000 millones de voltios, una corriente de 30.000 a 200.000 amperios y una temperatura instantánea de 30.000 grados Celsius. No hay nada que pueda resistir a eso, a excepción si estamos conectados a un pararrayos y que toda esa descarga se la lleve la malla de tierra”.
La advertencia, directa y categórica, proviene de Patricio Blamey, especialista en electricidad industrial con certificación SEC y 37 años de trayectoria en el rubro. Su alerta cobra especial relevancia luego de que el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) advirtiera que el fenómeno de El Niño y el calentamiento global están potenciando la frecuencia e intensidad de eventos atípicos en la zona centro-sur —desde la aparición de tornados hasta descargas atmosféricas severas producto del transporte de vapor de agua tropical—. Sin embargo, sobre las cabezas de cientos de habitantes en el centro de Rancagua, el estado de esos pararrayos y mallas de protección es hoy una completa incógnita que la propia autoridad reconoce no fiscalizar de oficio.
De esta manera, la capital regional puede hablar de las dos caras de la moneda. En un extremo, el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (HFRZ) opera como un estándar de seguridad impecable, gracias a la mantención directa de su Unidad Eléctrica interna. El recinto cuenta con tres terminales ionizantes en cubierta, protecciones contra sobretensión (DPS) en cascada e interconexión equipotencial a nivel de suelo, elementos que permiten su continuidad operativa a todo evento.
Como bien ejemplifica Blamey, en una instalación de salud el diseño no admite fallas: “todos los pabellones quirúrgicos tienen una malla exclusivamente para cada pabellón. Si al hospital le ocurre una falla o se corta la energía, hay un grupo generador y sistemas de respaldo para que el médico no se quede sin energía mientras opera y no se ponga en riesgo una vida”, ejemplicó.
Pero la realidad en las alturas del casco histórico de Rancagua es incierta. Edificios emblemáticos levantados en las décadas de 1970 y 1980 —como las Torres de la Alameda o el Edificio Consistorial, por citar algunos— operan bajo una sombra de incertidumbre.
Por ley, las edificaciones construidas bajo normativas antiguas no están obligadas a demoler o reestructurar sus instalaciones para adaptarse a las exigencias técnicas que rigen desde 2021, a menos que realicen remodelaciones mayores. Sin embargo, la norma sí impone una trampa legal a los vecinos: sus comunidades están estrictamente obligadas a garantizar que los sistemas antiguos sigan funcionando.
Blamey grafica el peligro latente al interior de un hogar si la red colapsa: “Si la conexión a tierra y el pararrayos no están funcionando, créame que vamos a tener problemas en todos los elementos domésticos. Se pueden freír la televisión, el refrigerador, la lavadora. Pero también se afectan los equipos principales de la comunidad: los ascensores, las bombas de agua potable, los sistemas de incendio y las comunicaciones y el internet, porque todo va relacionado con el sistema eléctrico”.
Esta vulnerabilidad se profundiza al examinar el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Vía Ley de Transparencia, la SEC O’Higgins confirmó que no posee un catastro centralizado de la vigencia de estas instalaciones ni realiza inspecciones preventivas periódicas. Amparada en la normativa vigente, la institucionalidad traspasa toda la responsabilidad operativa y penal a los propietarios, comités de administración o al profesional que firmó la obra. Y por esto la duda con los edificios de altura antiguos.
Al respecto, Blamey explica el rol del ente fiscalizador: “la SEC no se hace responsable de nada. La SEC hace responsable al instalador, al que firma el proyecto eléctrico. Yo, si firmo un proyecto, paso a ser el responsable para la SEC”.
Frente a esto, el especialista aboga por mayor supervisión: “yo soy partidario de que un ente fiscalizador independiente también tiene que fiscalizar”, apunta Blamey.
A la falta de controles, se suma la barrera económica para las comunidades. “Solo una visita técnica y evaluación de un especialista para revisar desde el cimiento hasta el techo bordea entre los $500 mil pesos y el millón de pesos. Y si el sistema está obsoleto, hay que pensar en una reestructuración importante”, advierte.
Mientras la frecuencia de tornados, tormentas eléctricas y fenómenos extremos sigue en aumento en Chile, el diagnóstico preventivo en los techos de Rancagua continúa dependiendo de la voluntad y el presupuesto de las comunidades.
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