Entre abril y junio de este año, la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua realizó la primera ronda de fiscalizaciones a las 26 notarías, conservadores y archiveros judiciales de la Región de O’Higgins.
Según lo informado, esta fiscalización se enmarca dentro de las nuevas funciones entregadas a los fiscales judiciales con la puesta en marcha de la Ley 21.772 que moderniza el sistema notarial chileno, norma que entró en vigencia el pasado 2 de abril de 2026.
Señalaron que los fiscales judiciales Álvaro Martínez y Joaquín Nilo, en compañía de sus equipos, se reunieron con notarios, conservadores y archiveros de la jurisdicción, instancia en que analizaron documentación y dialogaron con los funcionarios para verificar el correcto funcionamiento de las unidades, análisis de tarifas y su publicación.
«Durante las fiscalizaciones he promovido medidas concretas que benefician directamente a los usuarios. Una de ellas es que las notarías y conservadores publiquen de manera clara las tarifas de sus principales actuaciones, tanto en sus oficinas como en sus sitios web”, señaló el fiscal judicial Álvaro Martínez.
Agregó que “esta buena práctica ha sido muy bien recibida por el fiscal de la Corte Suprema y hoy está siendo replicada por fiscalizadores de distintas regiones del país, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información”.
El fiscal judicial Joaquín Nilo agregó que «las fiscalizaciones que realizamos durante el primer trimestre desde la entrada en vigencia de la ley 21.772 se extendieron por toda la Región de O’Higgins, desde Graneros hasta Pichilemu, y fueron realizadas de forma presencial. El objetivo es verificar el correcto cumplimiento de la ley para que la ciudadanía pueda acceder a las prestaciones de notarios, conservadores y archiveros de acuerdo con la normativa vigente».
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