Chile lleva 35 años construyendo una arquitectura descentralizadora. La elección directa de alcaldes y concejales en 1992, la de consejeros regionales en 2013 y el reemplazo del intendente designado por gobernadores regionales electos en 2021 respondieron a una misma intuición, la decisión pública gana legitimidad cuando se aproxima al territorio.
Conviene detenerse en lo que hace la actual administración del Presidente Kast. Su despliegue de cuentas públicas territoriales y diálogos participativos en regiones, provincias y comunas es, en sí mismo, una práctica valiosa. Obliga al Ejecutivo a exponerse fuera de Santiago y admite que gobernar no se agota en administrar desde La Moneda.
Inquieta, sin embargo, que esa presencia no venga acompañada de decisión. Si el trabajo territorial no levanta diagnósticos que alimenten agendas regionales verificables, visitar una comuna termina repitiendo presencialmente lo que ya circula en redes sociales. Y si no se apalanca en presupuesto, apoyo técnico y coordinación multinivel, el diálogo se agota en expectativas.
Hay algo más de fondo, y quizás más delicado. Ese despliegue opera como un gobierno desconcentrado que baja al territorio, mientras allí habitan gobernadores electos con legitimidad propia. ¿Realmente es efectivo este modelo de rendición de cuentas o es un mero simbolismo? Se produce un contrachoque entre dos lógicas, la desconcentración administrativa que extiende la mano del Ejecutivo y la descentralización política que transfirió autoridad. Cuando ambas ocupan el mismo espacio sin reglas claras, la coordinación se transforma en competencia por atribución.
Queda la pregunta que me parece central, ¿estamos ante una agenda de desarrollo territorial o ante una agenda de diálogos/vocerías sin capacidad de decisión?
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