Todo comenzó la tarde-noche del 6 de febrero de 2025. Cerca de las 20:30 horas, Rodrigo Guerrero Román, titular del Juzgado de Policía Local de Marchigüe, conducía hacia su parcela en el callejón Peñuelas, en la localidad de Placilla. Minutos antes, Carabineros había realizado un procedimiento policial que involucraba a su conviviente.
En un estrecho camino rural, el vehículo del magistrado se cruzó de frente con la patrulla, que avanzaba con las balizas encendidas. Según la investigación, a pesar de que el espacio era suficiente para el paso de ambos, Guerrero Román bloqueó el avance del carro fiscal. Ese fue el detonante de un enfrentamiento que quedaría registrado en video y encendería las alarmas en los medios de comunicación.
El careo: «¿Usted sabe quién soy yo?»
Cuando el personal policial le solicitó sus documentos de identidad y los del vehículo, el juez se negó reiteradamente. En lugar de colaborar, cuestionó el motivo del control y, ante la insistencia de los uniformados, sacó a relucir su cargo, exigiendo que le explicaran los supuestos legales del artículo 85 del Código Procesal Penal para justificar el requerimiento.
La tensión escaló rápidamente. Ante su persistente negativa, Carabineros le informó que sería detenido por ocultamiento de identidad. El magistrado opuso resistencia a bajar del automóvil, lo que obligó a los funcionarios a solicitar refuerzos a la Central de Comunicaciones (CENCO). Tras un forcejeo que incluso hizo sonar accidentalmente la bocina del auto, y con el apoyo de patrullas de San Fernando y Nancagua, se logró reducir al juez, quien terminó esposado y trasladado en el calabozo del carro policial.
El trayecto y su estancia en el Retén de Placilla no fueron más tranquilos. Testigos describieron una conducta descontrolada por parte del magistrado, quien gritaba alegando problemas de salud y golpeaba las paredes de la celda. Finalmente, por orden del fiscal de turno, fue puesto en libertad.
La batalla legal y el castigo de la Corte
El caso saltó rápidamente a la luz pública y derivó en una investigación administrativa. El fiscal judicial instructor determinó que Guerrero Román había infringido gravemente los deberes de prudencia, integridad y decoro que exige su alta investidura.
El 14 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Talca actuando de forma subrogante por la de Rancagua dictó sentencia. Pese a que la defensa alegó que los hechos pertenecían a la esfera privada del juez y cuestionó la legalidad del control, el tribunal acreditó la resistencia a la autoridad y la falta de documentos, como su licencia de conducir. ¿El resultado? Una sanción de suspensión de funciones por cuatro meses con goce de medio sueldo, un dictamen que además dejó al descubierto un historial de bajas calificaciones durante tres años consecutivos y sanciones previas.
El camino sin retorno a la remoción
Tras una apelación del magistrado, la Corte Suprema confirmó el castigo el 29 de abril de 2026. Con la sentencia ya firme, la Corte de Apelaciones de Talca dio el paso definitivo el 9 de junio de 2026: atendiendo a la extrema gravedad de las faltas, ordenó la apertura de un cuaderno de remoción.
Actualmente, el fiscal judicial Álvaro Martínez Alarcón lidera la recopilación de antecedentes que podrían terminar en la expulsión definitiva de Rodrigo Guerrero Román del Poder Judicial. En paralelo, el Ministerio Público avanza en una investigación penal para determinar los delitos cometidos en aquella turbulenta noche de febrero.
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