A casi tres meses de la instalación de los seremis en la Región de O’Higgins, el acceso público a las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) —herramienta clave de la Ley 20.880 para prevenir conflictos de interés y contrastar el patrimonio de ingreso y salida de los funcionarios al aparato público— presenta un importante desfase técnico. Aunque el 100% de los 18 seremis de la región ha avanzado en sus procesos declarativos, la ausencia de datos en la plataforma InfoProbidad mantiene un apagón informativo sobre carteras estratégicas. Al cierre de esta edición, el acceso ciudadano efectivo se limita a poco más del 77% del gabinete regional.
Las demoras se producen porque el sistema de InfoProbidad sufre «tacos» haciendo que los documentos queden atrapados y tarden semanas en aparecer en la página. A esto se suma el lento papeleo interno, ya que cada declaración debe pasar primero por la revisión y firma de los subsecretarios en Santiago antes de que Contraloría la reciba, analice y la libere oficialmente para que cualquiera la pueda ver.
Los datos consolidados y los respaldos emitidos por las propias autoridades revelan que el 72,2% del gabinete (13 de los 18 seremis) ejecutó su tramitación dentro de los 30 días corridos que estipula la ley. En el grupo de avanzada, que declaró durante las primeras dos semanas de abril, figuran Jorge Antonio Abarzúa (Educación), Daniela Zavando (Salud), Carla Morales (Mujer) y Cristian Flores (Desarrollo Social). A ellos se añaden en los registros de abril Juan Carlos Meléndez (Economía), Alejandra Avendaño (Energía), Matías Riveros (Gobierno), Julio Moncada (Bienes Nacionales) y Tamara Jofré (Culturas).
A este bloque se suma técnicamente Carlos Astudillo (Obras Públicas), cuya primera declaración por asunción en el cargo fue recibida por Contraloría el 27 de abril, según información compartida por la propia autoridad. Sin embargo, al día de hoy, el portal público sigue arrojando el mensaje de “Declaración no disponible”, impidiendo el escrutinio de la principal cartera de infraestructura de la zona.
Situación idéntica afecta a las carteras de Vivienda, Medio Ambiente y Minería. Christian Villegas (Vivienda) gestionó su documento el 2 de abril —recibido por el ente fiscalizador el 16 de abril—, pero tras detectar un error procedió a una rectificación voluntaria el 7 de mayo (recepcionada el 11 de mayo), movimiento que mantiene el archivo fuera de la vista pública. Por su parte, José Pablo Lagos (Medio Ambiente) ingresó su informe el 12 de abril, el cual fue visado por el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial, y recepcionado por Contraloría el 16 de abril, sin reflejarse aún en el portal ciudadano. Finalmente, en Minería, Carla Ortiz asumió formalmente el 7 de abril y tramitó su declaración el 6 de mayo —justo un día antes de que venciera su plazo, según consta en el comprobante de recepción exhibido a este medio, completando las tres áreas cuyos intereses comerciales y familiares permanecen bajo reserva.
En paralelo, un 27,8% de las autoridades (5 de los 18 seremis) ingresó formalmente sus datos en el sistema fuera del plazo ordinario de asunción. El desfase más prolongado, y siempre bajo la información de InfoProbidad, lo registra el Seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, quien asumió funciones el 27 de marzo y declaró el 13 de mayo (acumulando 17 días de retraso legal). Le siguen Carmen Gloria Manríquez (Trabajo, con +14 días), Luis Arturo Zuñiga (Justicia, con +9 días) y María Isabel Moraga (Deporte, quien declaró el 7 de mayo), junto al retraso de un día registrado por Julio César Gutiérrez (Transportes).
Más allá de la cronología de cumplimiento, los documentos permiten levantar focos de vigilancia respecto a nexos comerciales y familiares directos. En el plano comercial, Carlos Valdés (Agricultura) transparentó $50 millones en acciones de la firma agroindustrial COAGRA S.A. y el 50% de propiedad en Agrícola Huilmay SpA, mientras que Matías Riveros (Gobierno) reportó la mitad de los derechos de una sociedad de publicidad y dejó registro preventivo de que su abuelo materno es dueño de una concesión radial en Rancagua (arista sensible para una cartera que administra el Fondo de Medios).
En materia de pasivos e inversión, Daniela Zavando (Salud) consignó un inmueble en Machalí avaluado en $191 millones y participación en una sociedad médica. Por su parte, el titular de Seguridad, Nicolás Muñoz, encabeza los activos con cuatro propiedades entre Rancagua y San Fernando por más de $166 millones y un depósito a plazo de $55 millones, contrastando con Cristian Flores (Desarrollo Social), quien declaró inmuebles por $299 millones en Requínoa pero evidenció una brecha contable de $242 millones entre su deuda global reportada ($269 millones) y el desglose de su crédito hipotecario ($26,3 millones).
Al cierre de esta edición, si bien es posible consignar el compromiso de las autoridades sectoriales con las DIP, el impedimento de verificar su patrimonio e intereses mantiene en suspenso el mapeo definitivo del gabinete regional.
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