Lo que comenzó como una sospecha en los pasillos del Instituto Comercial de San Fernando en marzo de 2020, terminó el pasado 4 de junio con la formalización por fraude al fisco de su exdirector, Sebastián Romo Samaniego. Esta es la historia de una investigación ciudadana liderada por la dirigente Magdalena Valenzuela, quien durante seis años enfrentó la inacción institucional para revelar un esquema de dobles sueldos y contratos incompatibles.
Sebastián Romo asumió la dirección del Instituto Comercial a mediados de marzo de 2020, tras ganar un concurso de Alta Dirección Pública. Sin embargo, su comportamiento inicial y el hecho de ser un desconocido en la zona despertaron las alarmas de Valenzuela.
«¿De dónde salió este tipo? Nadie lo conocía», relata la dirigente, quien en mayo de ese año inició una búsqueda que la llevaría a consultar a la Contraloría y al Servicio Civil. La sorpresa llegó a través de una búsqueda en Google y el portal de Transparencia: Romo no solo era director en San Fernando, sino que figuraba simultáneamente como jefe de formación profesional y profesor en el Colegio del Tabo, en la Región de Valparaíso.
Aprovechando el contexto de la pandemia, Romo mantuvo contratos de 44 horas semanales en dos regiones distintas. Según los registros de transparencia revisados por Valenzuela, el docente percibió sueldos paralelos durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
La incompatibilidad era absoluta. «Nadie puede trabajar con 44 horas en dos lugares en dos regiones diferentes», señala la denunciante. Tras una consulta formal de Valenzuela, la Contraloría confirmó que Romo efectivamente trabajaba en El Tabo con jornada completa mientras pretendía ejercer sus funciones en San Fernando.
La desidia institucional
A pesar de la contundencia de las pruebas, el camino administrativo fue tortuoso. Valenzuela denunció el hecho ante la mesa técnica de educación y el Seremi de la época. En respuesta, Romo intentó justificar su ausencia solicitando un permiso sin goce de sueldo en julio de 2020, alegando motivos personales, e incluso llegó a increpar a la dirigente por investigar su «vida privada».
La Superintendencia de Educación intervino y, tras una investigación, ratificó la veracidad de los hechos, calificándolos como fraude al fisco. El organismo aplicó una multa de 501 UTM a la Corporación Municipal de San Fernando e instruyó la persecución de responsabilidades penales contra Romo. Sin embargo, según Valenzuela, las sucesivas administraciones municipales y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua fallaron en presentar las querellas correspondientes, y la multa fue finalmente condonada debido a la precaria situación financiera de la corporación.
La denuncia final y la formalización
Ante lo que describe como un abandono por parte de las autoridades incluyendo el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública (DEP), Magdalena Valenzuela decidió tomar acciones legales por su cuenta.
En 2024, presentó formalmente la denuncia por fraude al fisco ante la Fiscalía, adjuntando informes de remuneraciones y documentos técnicos. Incluso colaboró con la PDI para dar con el paradero de Romo, quien tras renunciar en San Fernando, se encontraba desempeñando cargos directivos en San Antonio.
El esfuerzo de años culminó el pasado jueves 4 de junio, cuando la justicia finalmente formalizó a Sebastián Romo Samaniego. Para Valenzuela, este es el cierre de un capítulo de impunidad: «Al ver que no pasaba absolutamente nada y que transcurrían los años y nadie hizo nada… puse los antecedentes en la fiscalía». La justicia, aunque lenta, finalmente ha comenzado a operar.
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