El proceso de investigación por fraude del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua, comenzó con diligencias múltiples de allanamientos y se presumía continuaría con formalizaciones el mismo año, sin embargo, la causa penal a la vista del proceso terminó convertida en el monumento al letargo judicial, despertando recién a mediados de 2026 por acciones del CDE por la inacción del Ministerio Público.
Según la página web poder judicial se inició en febrero de 2024, cuando el entonces fiscal jefe de Alta Complejidad, Carlos Fuentes Rebolledo, basándose en informes 578 y 824 de la Contraloría General de la República, decidió golpear la mesa. Se habían perdidos más de $2.253 millones de pesos destinados a educación de niños y a la salud.
El 19 de febrero de 2024, el Juzgado de Garantía de San Fernando autorizó realizar allanamientos simultáneos al edificio institucional del SLEP y a las casas de los principales sospechosos: Leonardo Fuentes Román (Director Ejecutivo), Carlos Poblete Lagos (Subdirector de Administración y Finanzas) y Paola Jiménez Herrera (Encargada de Remuneraciones). Tres días después, las policías se llevaban computadores, celulares y carpetas contables.
Según historial de la causa, el 19 de julio de 2024 cambió de manos y pasó al fiscal jefe de Alta Complejidad, Javier Von Bischoffshausen.
Solo siete días después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó querella criminal por «administración desleal». El CDE detallo el modus operandi de los directivos: usaban los saldos de caja que debían devolver al fisco para pagar finiquitos de docentes, alterando incluso las causales de despido. Entre las pruebas un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del 28 de marzo de 2022 que pretendía «legalizar» con un mes de retraso los pagos que ya se habían hecho en notarías entre el 22 y 26 de febrero. Lo que en el derecho se conoce como un documento «ideológicamente falso».
Tras inicio arrollador la causa no siguió mismo trazado más bien, entró en un profundo estado de coma. La explicación oficial de la Fiscalía Regional en enero de 2025 fue la de siempre: “estamos esperando las pericias de la PDI”. Las pericias al parecer no llegaron porque pasó el 2024, pasó el 2025, y llegó el 2026 sin que nadie fuera formalizado. La causa, literalmente, durmió el sueño de los justos.
La canasta de fondos saqueados
Mientras la Fiscalía esperaba pacientemente los informes policiales, el dinero que faltaba en las escuelas de Colchagua seguía pesando en los informes de Contraloría. El desvío de fondos calculado en un perjuicio fiscal exacto de $2.253.760.642 se financió, en jerga colchagüina, desvistiendo a varios santos:
Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (FET-Covid19): Dinero exclusivo para la crisis sanitaria y reactivación económica. Terminó en finiquitos. Recursos PIE: Dinero para niños con necesidades educativas especiales. Subvención de Mantenimiento General: Fondos para arreglar la infraestructura de los colegios. Subvención Pro-Retención: $177 millones destinados a mantener en el sistema escolar a niños en extrema pobreza. Figuraban como «rendidos», pero nunca llegaron a los estudiantes. Subvención Escolar y Ley SEP / Per Cápita: En la Corporación Municipal de San Fernando, se detectó la insólita suma de $2.786.687.282 del área de salud pagados con cargo a fondos educacionales.
Las alertas que la jefatura «no vio»
Según la querella del CDE y la solicitud de formalización fueron los funcionarios técnicos que se negaron a ser cómplices:
El desfase temporal: Una profesional de planificación detectó que los cheques se pagaron en febrero en notaría, pero el certificado para respaldar el gasto se pidió recién en marzo. Al revés de cualquier lógica contable.
El rastreo digital: La asesora jurídica del servicio revisó el Sistema de Gestión Documental del Mineduc y descubrió que la resolución para proveer los recursos recién se envió a la DIPRES el 25 de febrero de 2022. La plana directiva (Fuentes, Jiménez y Andrea Jorquera) venía diciendo desde hacía semanas que «todo estaba en orden» y firmando cheques manuales de fondos que aún no existían.
La firma a la fuerza: El encargado de planificación se plantó y se negó a firmar la rendición debido a la falta de respaldo. ¿La solución del Director Ejecutivo, Leonardo Fuentes? Tomar el lápiz y firmar él mismo la rendición el 22 de abril de 2022.
El CDE solicitó formalizar investigación
El CDE argumentó que esta eterna «indeterminación procesal» impedía aplicar medidas cautelares reales o asegurar que se pudiera recuperar un solo peso en acciones civiles.
Finalmente el 3 de junio de 2026, el Juzgado de Garantía de San Fernando fijó, por fin, la fecha para la formalización de cargos: el 21 de julio de 2026 a las 10:00 horas.
El fiscal Javier Von Bischoffshausen, solicitó al tribunal comparecer vía remota (por Zoom) a la audiencia de formalización, aludiendo a la alta carga laboral y a la fatiga que le produce la distancia geográfica hasta el tribunal.
Los memoriosos recordarán que en el mediático caso de las licencias de conducir de los jugadores de Colo Colo, el mismo fiscal no tuvo ningún inconveniente en subirse a un auto, manejar más de dos horas de viaje extra para llegar hasta Santa Cruz, y presentarse en persona en múltiples audiencias incluyendo salidas alternativas.
El 21 de julio, los cinco directivos (Fuentes, Valenzuela, Poblete, Gutiérrez y Jiménez) serán finalmente formalizados como autores de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Queda ver si la conexión a internet de la Fiscalía estará a la altura de las circunstancias.
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