En el siempre sorprendente universo de la burocracia regional, la lógica suele ser la primera víctima en el altar de los trámites. El caso de la Municipalidad de San Fernando y la contratación de personal extranjero se perfilaba como un proceso lineal: un ciudadano denuncia, aporta pruebas oficiales firmadas por la propia autoridad municipal y el órgano contralor fiscaliza basándose en sus propios dictámenes. Sin embargo, la Contraloría Regional de O’Higgins prefirió la poética del papeleo, optando por dilatar en vez de actuar con la urgencia que el ciudadano demanda.
El trasfondo normativo parecía claro. En un dictamen reciente, la Contraloría General de la República resolvió una duda jurídica planteada por la Municipalidad de Renca, determinando que la ciudadanía es un requisito ineludible para cualquier persona que desee integrarse a una entidad edilicia, incluso si su contrato se rige por el Código del Trabajo.
Tras este pronunciamiento que fue remitido a todas las sedes regionales y municipios del país, el ciudadano sanfernandino José Antonio Pavez Morales, ingresó una solicitud de acceso a la información pública ante la Municipalidad de San Fernando. La respuesta, que llevaba la rúbrica del alcalde Pablo Silva Pérez mediante el Oficio N° MU287T0003212/435, adjuntó una nómina explícitamente titulada «PERSONAL EXTRANJEROS». El documento confirmaba la presencia de ocho funcionarios de nacionalidad extranjera en la dotación, detallando la existencia de un médico ecuatoriano, un abogado colombiano y funcionarias de origen venezolano.
Con las pruebas en la mano, el pasado 28 de abril de 2026, Pavez presentó una denuncia formal ante la Contraloría Regional de O’Higgins. El argumento era simple: dichas contrataciones contravenían el requisito legal de nacionalidad que la misma Contraloría General ya había zanjado.
Contraloría Regional responde
Tras semanas de un análisis que se presume exhaustivo, el 2 de junio el organismo emitió el Oficio N° OF104726/2026. En un despliegue de gimnasia procedimental digno de aplauso, resolvió abstenerse. ¿El motivo? Según el ente fiscalizador, el denunciante no había consultado «previamente de manera formal» al municipio sobre la materia. El «pequeño» detalle de que el ciudadano llevaba en su carpeta un oficio firmado por el mismísimo alcalde reconociendo las contrataciones parece haber pasado desapercibido, volviéndose invisible al ojo burocrático no entrenado.
La solución de la Contraloría de O’Higgins fue, literalmente, patear el balón al córner: le remitió los antecedentes al propio alcalde de San Fernando para que este se pronunciara primero. Es decir, le pidió al presunto infractor que evalúe su propia infracción, inaugurando una suerte de justicia administrativa de autocuidado.
Recurso Reposición
Como era de esperarse, el ciudadano no tardó en reaccionar ante este laberinto kafkiano. Es asi que este 11 de junio, Pavez Morales ingresó un Recurso de Reposición acusando un «error manifiesto de hecho» una forma elegante de sugerirle a la Contraloría que lea los papeles adjuntos y calificó la pirueta regional como una auténtica «denegación de justicia».
Así, en términos futbolísticos, la pelota que ya viajó de San Fernando a Rancagua, y de vuelta a San Fernando, regresa ahora a los escritorios de la Contraloría Regional. Queda por ver si el organismo acogerá la reposición y comenzará a fiscalizar en serio, o si inventará una nueva adivinanza administrativa para mantener el balón en movimiento. Por ahora, en San Fernando, los dictámenes de la Contraloría General de la República son letra muerta, y el órgano que debería controlar prefiere mirar desde la galería.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas