En una región donde el aumento de campamentos ha elevado la presión sobre municipios y servicios públicos, los procesos de desalojo comienzan a instalar un desafío que combina seguridad, cumplimiento judicial y vulnerabilidad social. En ese escenario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de O’Higgins y la Municipalidad de Rengo coinciden en un punto: este tipo de procedimientos requiere coordinación anticipada entre organismos del Estado y medidas de resguardo para las familias afectadas.
La discusión se produce tras el reciente desalojo del campamento Tricolor Quintalba y en medio de la situación pendiente del campamento Galvarino, ambos en Rengo. “El instituto no cuestiona, por lo general, la legalidad del desalojo en cuanto tal. Lo que nosotros hacemos es verificar el cumplimiento de estándares”, afirmó el jefe regional del INDH O’Higgins, David Bahamondes, durante una entrevista con El Tipógrafo.
Según explicó, el organismo monitorea aspectos como las notificaciones previas, el uso proporcional de la fuerza y las medidas de protección para grupos vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores y personas con discapacidad. “Interesa que el instituto esté viendo que se cumplan determinadas cosas antes del desalojo, durante el desalojo y después del desalojo”, señaló.
Bahamondes sostuvo además que uno de los principales desafíos para las instituciones ocurre después de ejecutados los operativos, especialmente para las familias que no cuentan con alternativas habitacionales inmediatas: “son temas sensibles y complejos. Hay que buscar condiciones mínimas de habitabilidad, agua, saneamiento y alternativas para evitar que las personas queden completamente desamparadas”, indicó.
El representante regional del INDH agregó que los procedimientos también presentan complejidades adicionales cuando involucran a personas migrantes en situación irregular, quienes muchas veces enfrentan dificultades para acceder a programas estatales o redes formales de apoyo. “Interesa que quien pueda acceder a beneficios efectivamente tenga la posibilidad y oportunidad de acceder a algún tipo de ayuda que pueda solventar la situación de extrema precariedad en la cual queda después del desalojo”, afirmó.
Respecto al actuar policial, Bahamondes sostuvo que el uso de la fuerza pública debe ajustarse a criterios de “proporcionalidad, oportunidad y necesidad”. “No es que Carabineros no pueda hacer uso de la fuerza, sino que ese uso tiene que ser regulado”, indicó.
Desde el área de Atención a la Ciudadanía del organismo, la psicóloga Mireya Plaza explica que entre las principales inquietudes manifestadas por residentes de campamentos aparecen los plazos para abandonar los terrenos y la continuidad escolar de niños y adolescentes. “Las personas plantean tener un tiempo prudente para poder buscar algo. También aparecen preocupaciones respecto de los niños y la continuidad de sus estudios”, señaló.
Por su parte, la abogada regional del INDH, Marcela Orellana, sostuvo que muchas familias reconocen la situación irregular de los terrenos que ocupan, y que su única petición es tiempo para encontrar alternativas habitacionales. “La mayoría solo pide plazo, solo pide tiempo para poder buscar dónde irse con sus hijos o con su grupo familiar”, afirmó.
Desde la Municipalidad de Rengo señalaron que tanto el desalojo realizado en Tricolor Quintalba como el procedimiento pendiente en Galvarino corresponden a problemáticas heredadas de años anteriores, marcadas por el crecimiento sostenido de ocupaciones irregulares y asentamientos precarios en distintos puntos de la comuna.
Según expuso el municipio, previo a los procedimientos se realizaron coordinaciones con Carabineros, Policía de Investigaciones, Delegación Presidencial, Minvu, Desarrollo Social, Bomberos, Salud Municipal y la Oficina Local de la Niñez, entre otros organismos.
El objetivo, indicaron, fue resguardar tanto la seguridad del operativo como la protección de las familias involucradas, especialmente menores de edad y adultos mayores.
La administración comunal agregó que, en el caso de Tricolor Quintalba, se habilitó el gimnasio polideportivo como albergue temporal y se desplegaron equipos sociales y de salud en terreno, además de apoyo logístico para el retiro de pertenencias.
El alcalde de Rengo, Enrique Del Barrio, sostuvo que “este tipo de procedimientos tiene un impacto humano importante y no son decisiones fáciles”, aunque afirmó que también existe una responsabilidad institucional frente a riesgos sanitarios, de seguridad y ocupaciones irregulares consolidadas durante años.
“Por eso hemos trabajado de manera coordinada con Carabineros, la Delegación Presidencial, organismos de emergencia y nuestros equipos sociales, para que estos procesos se desarrollen con orden, resguardo y acompañamiento a las familias”, señaló.
Según datos de TECHO-Chile y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Región de O’Higgins ha registrado un crecimiento sostenido de campamentos durante los últimos años, fenómeno que ha complejizado la respuesta estatal frente a este tipo de asentamientos.
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