La Región de O’Higgins atraviesa una de sus crisis educativas más agudas del último tiempo. Tras lo que inició como incidentes aislados, se ha tornado en una preocupante ola de amenazas que desde hace un par de semanas mantiene en tensión a las comunidades educativas en toda la región.
Tras el asesinato de una asistente de la educación en el norte del país y la detención hace algunas semanas de un alumno con un arma de fuego en una escuela de Rancagua, se suman el caso de ayer en Navidad, donde el Liceo Pablo Neruda suspendió sus clases tras recibir graves amenazas de ataque difundidas por redes sociales. A este hecho se añadió el mismo día el Liceo Bicentenario Oriente de Rengo, que debió activar sus protocolos de seguridad ante una situación de riesgo similar, evidenciando que la vulnerabilidad escolar alcanzó un punto de transversalidad en toda la región.
Este escenario de «terror digital» y amenazas físicas con rayados en baños alertando sobre tiroteos, ha reactivado el debate sobre la agenda legislativa de seguridad que ha impulsado el gobierno.
Bajo el nombre “Escuelas Protegidas”, el Ejecutivo está impulsando la discusión que facultaría a los colegios para revisar mochilas y la prohibición de capuchas o accesorios que impidan la identificación. Además, el proyecto busca que los profesores recuperen la autoridad para mantener el orden, tipificando la interrupción de clases como una falta grave y estableciendo que los condenados por delitos pierdan el acceso a la gratuidad universitaria. El proyecto también se propone modificar el Código Penal para que cometer un delito dentro de un colegio sea una circunstancia agravante.
Las amenazas de balaceras se han hecho presente en las tres provincias. El pasado viernes, la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Instituto Politécnico Santa Cruz no escapó a la preocupación por un presunto ataque con armas de fuego, donde se replicó la dinámica de rayados en los baños, advirtiendo que el hecho se llevaría a cabo durante el mismo día. El municipio optó por la suspensión de clases, ante hechos que, según indicaron, “alteran gravemente la convivencia, tranquilidad y seguridad de los alumnos, docentes y la comunidad escolar”.
En un escenario similar, el Liceo Misael Lobos Monroy de Graneros determinó el cierre del establecimiento el mismo día, donde mediante una circular dirigida a apoderados, explicaron que la decisión se adoptó en coordinación con su sostenedor “priorizando el resguardo de estudiantes, docentes y funcionarios.”
Los casos se siguen multiplicando, mientras alcaldes, Ministerio Público y las policías han iniciado investigaciones para determinar las responsabilidades en hechos que, hasta ahora, no tienen rostros identificados.
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