La eliminación que anunció el Gobierno hace una semana de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) encendió las alertas en el ecosistema de formación laboral, donde advierten efectos negativos en el acceso a capacitación, la empleabilidad y el desarrollo productivo, especialmente en regiones como O’Higgins.
La medida, confirmada por el Ministerio de Hacienda Jorge Quiroz en el marco del Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, permitirá liberar US$300 millones anuales al Estado, pero hasta ahora carece de detalles técnicos por lo que ha generado incertidumbre entre organismos técnicos de capacitación (OTEC), organismos intermedios (OTIC) y actores vinculados al desarrollo del capital humano. Por su parte, la OTIC de la Cámara de la Construcción ya ha calificado a la medida como un «error estratégico» que dificultará la formación de talento en áreas industriales y de construcción.
El impacto de dicha herramienta no deja de ser significativo en la región. La última cuenta pública de Sence O’Higgins detalla que durante el 2024 hubo más de 41 mil trabajadores capacitados a través de la franquicia tributaria, gestionando sobre $7 mil millones en inversión privada y utilizado por 1.119 empresas, con más de 76 mil personas que accedieron a programas del servicio, lo que habla de su rol articulador entre el mundo laboral, público y privado.
Desde el sector, las críticas apuntan al fondo y a la forma del anuncio. María Cecilia Reinoso, presidenta de la Asociación Gremial Alianza Mujeres en la Capacitación, advierte que “eliminar la franquicia no es un cambio menor, altera cómo se financia, se decide y se ejecuta la formación laboral en Chile”.
Además, la dirigente cuestiona la ausencia de diálogo previo con los actores del sistema. “Una decisión de esta envergadura debiese haber convocado a la mesa a quienes operamos en capacitación. Hoy no tenemos información más allá de lo anunciado públicamente”, señala.
Reinoso advierte que la medida podría afectar no solo a trabajadores activos, sino también a población vulnerable que accede a programas financiados con remanentes del sistema, como Becas Laborales. “Nos vamos a quedar con menos acceso a capacitación tanto en empresas como en sectores más vulnerables”, afirma.
Desde una perspectiva operativa, los actores del sector coinciden en que la eliminación del incentivo podría traducirse en menor inversión en formación laboral. Camilo Torres, coordinador de capacitaciones de OTEC FyG en Rancagua, sostiene que “es una medida que va en retroceso respecto al desarrollo del país”, agregando que “menos capacitación significa menos herramientas para que los trabajadores mantengan sus empleos o puedan reconvertirse laboralmente”.
En la misma línea, Diego Tapia, jefe de operaciones de centro de evaluaciones de competencias laborales Cermin Spa, califica el anuncio como “un balde de agua fría para todo el sistema”, enfatizando que “se están limitando herramientas clave para el desarrollo de las personas”, remarcando que las señales consolidan la idea de entender la capacitación como un gasto y no como una inversión.
El vínculo entre capacitación y productividad también es subrayado por los entrevistados, quienes advierten que restringir estos mecanismos impacta directamente en la competitividad de las empresas y en el crecimiento económico, justamente donde el sector se ha sabido adaptar según las necesidades del mercado.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto social de la medida. Desde organizaciones que trabajan con grupos vulnerables, se advierte un eventual retroceso en inclusión laboral.
María Alejandra Gallardo, de Corporación Boreal, entidad que ejecuta programas con personas privadas de libertad, señala que “la población más pobre es la que pierde acceso directo a la capacitación”, agregando que la eliminación del instrumento “genera un vacío enorme que afecta múltiples áreas laborales”.
Según explica, muchos programas de formación —incluidos cursos de oficios y certificaciones habilitantes— dependen de la franquicia tributaria para llegar de manera gratuita a quienes no pueden financiar capacitación.
Si bien existe consenso en que el sistema presenta falencias, las fuentes coinciden en que la solución no pasa por su eliminación. “El problema no es la existencia del instrumento, sino su funcionamiento”, plantea el abogado y relator vinculado al sistema, Lukas Barra. A su juicio, “eliminarla sin un sistema alternativo robusto implica reducir oportunidades de formación, lo que impacta directamente en la adquisición de competencias, la empleabilidad y la productividad. Esto no solo limita el desarrollo individual de los trabajadores, sino que también afecta la capacidad del país de fortalecer su capital humano.”
Desde esa perspectiva, Barra plantea que la discusión “debiera centrarse en corregir sus deficiencias” y no en terminar con una herramienta que, a pesar de sus imperfecciones, “cumple un rol clave en el desarrollo del capital humano.”
Entre las propuestas del sector se plantean ajustes como mayor fiscalización, acceso progresivo según tamaño de empresa, fortalecimiento de la capacitación en PyMES y la evaluación de impacto de los programas.
Desde el mundo de la capacitación insisten en la necesidad de abrir una discusión técnica antes de avanzar en cambios estructurales. “Las debilidades requieren ajustes, pero su eliminación implicaría perder capacidades que ningún otro instrumento reemplaza plenamente”, advierte Reinoso, haciendo un llamado a autoridades y parlamentarios a abrir espacios de diálogo, instancia que se podrá encontrar en la tramitación de la ley miscelánea que el Ejecutivo introdujo ayer en el Congreso.
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