Hace cuatro años y medio comenzó la batalla judicial de María José Díaz contra la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf), que finalmente tuvo un desenlace a su favor, uno que asegura, sostiene su tesis sobre que se trató de una persecución política de parte del municipio de la capital de Colchagua.
Según relató la propia María José en conversación con El Tipógrafo, «fui directora de área de Salud –y funcionaria- durante 16 años”.
Agrega que tras realizar una campaña como candidata a la asamblea constituyente –con el permiso laboral respectivo- regresa a cumplir sus funciones, y es a partir de ese momento que comienzan la “persecución”.
“Venía con una gran cantidad de votos”, recordó, contando que esto habría sido un detonante. “Él alcalde Pablo Silva cercenó mi carrera, mi trabajo, y no solo mi carrera, mi trabajo, sino que como mujer, como política”.
Manifiesta que, “según lo que dicen los documentos, esto fue una revancha política, porque él sabía que venía con una gran cantidad de votos y me vio como la posible candidata a pelearle (la alcaldía)”.
De manera cronológica, recordó que tras regresar a su trabajo, se mantuvo solo un par de meses.
“En solo 2 meses se cercenaron 16 años de trabajo, en donde éramos reconocidos nuestros equipos de salud como uno de los mejoresde la región”, asegura.
Agregando que, “se me despide de mi trabajo con sumarios administrativos muy complejos desde que mis títulos eran falsos, (…) de que no cumplía las metas. Me acusaron de alrededor de como 4 o 5 episodios, que la verdad que eran solo mentiras, de un grupo orquestado, insisto, que finalmente en 2 meses cercenaron mi vida laboral”.
En cuanto a las acusaciones en su contra, que incluían también hechos cómo que usaba la fotocopiadora de la entidad o el mal uso de la clínica dental móvil, asegura que, “fueron solamente habladurías e insisto, mentiras orquestadas, y con mucha publicidad”.
Tras su salida de la Cormusaf, María José Díaz asume como directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), tiempo en que fue acusada de sabotaje informático.
“Me me acusaron sin ninguna prueba”, sostuvo. “Era un discurso al aire de medio párrafo, esa así era la acusación”, pero la que le terminó «costando el trabajo»
El fallo judicial del Segundo Juzgado de Letras de San Fernando dictaminó que su desvinculación no se ajustó a derecho. Apuntando que la Cormusaf vulneró derechos fundamentales como su honra y libertad de trabajo.
La Municipalidad de San Fernando, presentó un recurso de nulidad a este fallo que los condenaba a pagar una indemnización de 11 remuneraciones, además de dar disculpas públicas, proceso que se encuentra sin antecedentes si ha sido o no acogido.
“De alguna forma creo que hoy día estoy tranquila, pero sí siguiendo todos los procesos como corresponde y también siendo una voz, hoy día creo que represento a todos esos funcionarios que son perseguidos y que no tienen la posibilidad de defenderse”, cierra.
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