En una sentencia que marca un precedente contra el acoso laboral en la administración pública, el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por María José Díaz Becerra contra la Corporación Municipal de Educación, Menores y Salud (CORMUSAF). El fallo, emitido este 23 de febrero, no solo pone fin a un extenso conflicto legal, sino que califica la destitución de la profesional como «notoriamente mal fundada».
La historia de María José Díaz en la Corporación comenzó en 2006. Durante más de tres lustros, escaló posiciones hasta convertirse en directora de salud del CESFAM Oriente y coordinadora de programas odontológicos, liderando equipos que superaron metas de gestión por sobre el 160%. Sin embargo, esta trayectoria se vio truncada con el cambio de administración municipal.
Según el relato de la profesional, lo que siguió fue un proceso de «invisibilización» y menoscabo. La persecución comenzó con rebajas unilaterales en sus remuneraciones —que superaron los 800 mil pesos mensuales— y escaló hasta un aislamiento total de sus funciones.
Un sumario basado en conjeturas
El punto de quiebre llegó con un sumario administrativo que buscaba su destitución bajo cargos de falta de probidad. La CORMUSAF acusó a Díaz de utilizar clínicas dentales móviles con fines de propaganda electoral. No obstante, el magistrado José Miguel Valenzuela Morales fue tajante: la acusación carecía de pruebas directas y se basaba meramente en conjeturas.
El tribunal concluyó que el proceso disciplinario estuvo «permeado por consideraciones relativas a su actividad política y vínculos familiares», evidenciando un sesgo de animadversión que vulneró el derecho fundamental a la no discriminación.
«Mobbing de gestión»: Trato humillante y secuelas
Uno de los puntos más crudos de la sentencia es la crítica al trato recibido por la funcionaria. El juez calificó como «mobbing de gestión» las medidas adoptadas por la CORMUSAF antes del despido: Suspensión súbita de funciones y bloqueo de claves informáticas. Obligación de retirar sus pertenencias personales bajo la custodia de un guardia nocturno.
Estos actos, descritos como «desproporcionados y humillantes», provocaron en la afectada un trastorno mixto de ansiedad y depresión, certificado por informes de la ACHS presentados durante el juicio.
La condena: Indemnización y disculpas públicas
Al determinar que se vulneró la integridad física, psíquica y la honra de la exfuncionaria, el tribunal condenó a Corporación Municipal a:
- Reparación económica: El pago equivalente a 11 remuneraciones, feriados pendientes, con los respectivos intereses y reajustes establecidos en artículo 63 del Código del Trabajo.
- Reparación pública: La CORMUSAF deberá publicar en sus cuentas de Facebook, Instagram y X un comunicado ofreciendo disculpas públicas a María José Díaz, reconociendo que se le imputó una falta de probidad sin sustento real.
Evaluarán acciones
En tanto la jefa de comunicaciones de la Municipalidad de San Fernando, remitió respuesta textual: “La Corporación Municipal de San Fernando evaluará y ejercerá las actuaciones que el proceso contempla en el caso”.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas