Durante años, la ciudadanía chilena esperó resoluciones judiciales que tardaban más de tres años en confirmar lo que resultaba evidente: el mal uso de recursos públicos, la negligencia administrativa y los desvíos de probidad en nuestras instituciones. Las investigaciones se dilataban mientras los contribuyentes seguían financiando sistemas que fallaban de forma sistemática.
La llegada de Dorothy Pérez a la Contraloría General de la República marcó un quiebre necesario. Su gestión ha reorientado la CGR hacia un enfoque que privilegia la confirmación temprana de fallas institucionales en lugar de la espera indefinida de sentencias. Los Consolidados de Información Circularizada (CIC) se convirtieron así en instrumentos vitales: mecanismos que permiten documentar, de forma inmediata y transparente, las irregularidades tanto de autoridades como de funcionarios de ventanilla.
Esta transformación es fundamental. La probidad dejó de ser una batalla contra fuerzas oscuras para convertirse en una lucha por la fuerza de la razón. No necesitábamos confrontación, sino claridad. No requeríamos sentencias tardías, sino visibilidad institucional sobre quién y dónde fallamos.
Los CIC representan justamente eso: la capacidad de la Contraloría de circular información verificada sobre deficiencias administrativas, permitiendo que las instituciones corrijan en tiempo real y que la sociedad comprenda dónde residen nuestras debilidades estructurales. Es razón convertida en acción; es transparencia como acto de gobernanza responsable.
La fuerza, entonces, no reside en la coerción procesal, sino en la fuerza de la verdad bien fundamentada. Pérez entendió que la probidad moderna no combate exclusivamente en juzgados, sino en la capacidad de diagnosticar, documentar y difundir la verdad sobre nuestras instituciones públicas. Ese cambio de rumbo es, sin duda, el camino que la CGR requería.
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