La emergencia de los incendios forestales en Chile ya no es un fenómeno esporádico, es una crisis estructural que ha marcado a fuego los últimos años y que exige respuestas de largo aliento. Los megaincendios como los que hoy azotan las regiones de Biobío y Ñuble son la expresión más devastadora de esta realidad. Estos fenómenos socioecológicos complejos son producto de múltiples factores, clima extremo, sequías históricas, condiciones ambientales deterioradas y, en la mayoría de los casos, intervención humana directa o negligencia. Revertir esta tendencia no será tarea de un solo gobierno, sino de una estrategia sostenida en el tiempo.
Los datos son elocuentes. Según un estudio de CR2 de la Universidad de Chile, en la última década Chile ha sufrido más de 76 mil incendios que han consumido cerca de 1,7 millones de hectáreas, de las cuales 850 mil corresponden a vegetación natural. Las regiones más afectadas han sido Biobío, Maule, La Araucanía y O’Higgins, territorios que concentran tanto el patrimonio forestal como extensas áreas rurales y pueblos que hoy ven su existencia amenazada por las llamas.
El megaincendio que hoy vive el país con decenas de miles de hectáreas quemadas, miles de evacuados y decenas de fallecidos confirma que Chile enfrenta un desafío sin precedentes en su historia reciente. La emergencia ha forzado la declaración de estados de catástrofe en el centro-sur, movilizando recursos estatales y la cooperación entre autoridades salientes y entrantes, desde el Presidente Gabriel Boric hasta el presidente electo José Antonio Kast, quienes han enfatizado la necesidad de unidad institucional.
Pero la respuesta operativa no puede reemplazar una política pública de largo plazo. Los datos técnicos señalan desde investigación climática y gestión del territorio, hasta educación ciudadana y regulaciones claras sobre uso del suelo, monocultivos y manejo de plantaciones forestales. La prevención, como ha señalado repetidamente CONAF, es tan o más importante que la extinción; sin embargo, sigue siendo la parte más débil de nuestra gestión de riesgo.
El próximo gobierno que asumirá el 11 de marzo, tiene ante sí una tarea urgente, transformar la forma en que Chile se prepara y responde a los incendios. No se trata solo de adquirir brigadas y aeronaves aunque son esenciales, sino de integrar a comunidades locales, ciencia, planificación urbana y rural, gestión hídrica y acción climática en una política pública robusta y sostenida. Solo así podremos aspirar a no repetir trágicos capítulos que, lamentablemente, ya son parte de nuestra historia reciente.
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